El demoledor informe del Grupo de Trabajo de la ONU contra las Detenciones Arbitrarias, que reclama la libertad inmediata de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, es quizás el golpe más fuerte y potente de un organismo internacional que ha recibido el Gobierno español en lo que se refiere al encarcelamiento de los presos políticos catalanes. No es un grupo de trabajo más, ni un colectivo de rango inferior, como desde Madrid se explica poniendo el artículo "un" delante de la palabra "grupo". Es el grupo, el único grupo de trabajo que tiene poder en la ONU para emitir un dictamen de esta naturaleza. No es tampoco, en contra de lo que quiere dar a entender el Gobierno español, una recomendación de la ONU, ya que da seis meses de plazo al Estado español para que atienda su rogatoria. Si no es así, se arriesga a sanciones por un incumplimiento flagrante, ya que a su juicio se ha producido una triple irregularidad: detención ilegal de los presos políticos encarcelados en las prisiones de Soto del Real y Alcalá Meco, jueces parciales en el juicio del Tribunal Supremo y  jueces no competentes para emitir un fallo.

La torpe respuesta del Gobierno español desautorizando el grupo de trabajo de la ONU no deja de ser una prueba más de la política del caracol: las noticias negativas no se aceptan y sus terminales completan el camino rebajando, difuminando o ignorando su resultado. El Washington Post, el New York Times o The Guardian, por citar solo los diarios más influyentes del planeta, daban cobertura informativa a una noticia que desde la Moncloa se intentaba rebajar. Hoy reiremos con los diarios de papel de la misma manera que era todo un espectáculo seguir el clamoroso vacío informativo de muchas de las televisiones generalistas españolas.

Que el mismo día que se da a conocer este informe la fiscalía general del Estado y la Abogacía del Estado eleven a definitivas las conclusiones del juicio del Supremo y se pidan de 25 a 16 años de cárcel a los miembros del Govern en prisión no es más que una muestra de como el deep state ha decidido prescindir de los organismos internacionales y de la opinión pública internacional, por importante que sea, y cerrarse en su único argumento posible: contra viento y marea aplicar una sentencia demoledora que sirva de escarmiento al independentismo. Y añadir en su escrito una última e importante coletilla. A las penas de prisión, no modificadas en nada respecto a su escrito inicial de juicio, se recurre a un artículo específico del Código Penal para que no gocen del tercer grado de libertad, al menos, hasta que hayan cumplido el 50% de la pena que les acabe imponiendo el Supremo. Lo que en el caso de Junqueras serían 12 años y medio, en los que no tendría acceso a un régimen penitenciario abierto, de semi-libertad.

Que ese incremento del castigo, pensado por si las autoridades penitenciarias catalanas acelerasen el tercer grado, se lleve a cabo con una fiscalía general del Estado nombrada por el Gobierno socialista y finalizado ya el período electoral es, cuando menos, motivo de reflexión y algo más que un aviso para navegantes. Como lo es que el ínclito presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, utilizara los servicios de la Cámara para impedir la entrada del president Puigdemont y de Toni Comín como diputados electos desde el pasado 26 de mayo. Tajani ha adoptado una decisión sin base jurídica alguna pero este hecho ya ha dado pie a que se inicie la compleja batalla legal que los diputados independentistas confían que acabe con la obtención de su acta de eurodiputados a todos los efectos.