Por más explicaciones que se ofrezcan desde la conselleria d'Interior y desde el cuerpo de Mossos d'Esquadra, cuesta entender la actuación de la policía catalana en la rave ilegal de Llinars del Vallès. Al menos por tres razones: hubo un desconocimiento total de la celebración de la fiesta ilegal, se trasladó una imagen de pasividad policial que contrastaba con los mensajes oficiales dirigidos a la ciudadanía y finalmente, a los ciudadanos les interesan muy poco las acusaciones entre Interior y Salut, ya que al final nadie sale bien librado.

Durante más de 36 horas ciudadanos procedentes de varios países europeos —¿sirven de algo las restricciones que cada estado impone si se puede cruzarlos de punta a punta?— en un número importante de varios cientos actuaron con total impunidad y la imagen que se trasladó fue la más alejada posible de una policía competente. No sabemos muy bien si faltaban agentes por los operativos de fin de año o el cierre perimetral en la Cerdanya y el Ripollès; si hubo negligencia en la planificación de los operativos policiales, si no se supo valorar de forma suficiente la importancia de un acto ilegal de esta naturaleza en plena pandemia, o si faltaba autoridad política para no quedar todos escaldados ante la crítica de la opinión pública.

El Major Trapero, en una comparecencia pública junto al conseller d'Interior, una vez se desalojó la nave en la que se celebró la fiesta, rechazó las críticas recibidas y se defendió asegurando que una vez controlado el perímetro de la rave ilegal lo más importante era que no hubiera entradas y salidas, esperar a que fuera de día y hacer el desalojo con las mayores garantías. Es posible que en el manual policial de un desalojo acertado figuren todas estas pautas, pero la preocupación de la ciudadanía con la Covid-19 y el enfado de muchos sectores con las medidas restrictivas del Govern no dejan de ser un estímulo a la crítica.

Llegados a este punto, son muchos los sectores descontentos y por motivos contradictorios. Los médicos y todo el personal sanitario, porque no se han impuesto medidas más drásticas mientras se disparaban los datos negativos; los sectores de la restauración, el ocio nocturno o el juego, irritados por unas medidas que les condenan a una situación económica límite; los mayores, alineados con la contundencia y los jóvenes del lado contrario. Nunca hubo un momento durante los últimos meses en que la divergencia fuera tan grande.

Pero toda esa complejidad puede llegar a gestionarse. Lo que no es aceptable son situaciones como la de Llinars. Interior ha enviado la rave a la Fiscalía por delito contra la salud pública, después de que se haya detenido a dos personas, identificado a más de 215 y abierto una investigación contra cinco. Cabe esperar una respuesta ante tanta irresponsabilidad.