Se acaba de hacer público que el Ministerio del Interior va a disponer de una partida de 15.000 euros para que su titular, Fernando Grande-Marlaska, y hasta cinco de sus más estrechos colaboradores, puedan disponer de ella para aprender o mejorar inglés o francés, y así participar más cómodamente en las reuniones internacionales en las que tienen que asistir en función de su cargo. ¿Lo hemos de pagar entre todos? ¿No tendrían que llegar todos con el inglés aprendido o pagárselo de su bolsillo?

El polémico ministro debe pensar que en un cargo así se está a gastos pagados, ya que no debe tener suficiente con el salario que figura en los presupuestos generales del Estado, que se eleva a 74.858,16 euros anuales, vivienda a cargo del Estado, gastos justificados reembolsables y dietas aparte mientras compaginó su actual cargo con el de diputado. Es una cantidad respetable para cubrir sin ayuda alguna sus deficiencias académicas y las de sus más estrechos colaboradores. Suficiente para que no deba quedar retratado por unos gastos -mejorar de forma individualizada el idioma en foros internacionales por un total de 394 horas a un precio de 38 euros la hora-  que en el 2021, cuando el conocimiento del inglés ya se da por supuesto en el cargo, suena a extraño o, mucho peor aún, a caradura.

El pasado mes de junio supimos que con cargo también al ministerio -Interior es una auténtica mina, por lo que parece- se había repuesto una cinta para hacer ejercicio que, al parecer, se había estropeado  y cuyo importe se elevaba a 2.770,90 euros, impuestos incluidos. En un país en que se inicia una causa penal contra Josep Lluis Alay -director de la oficina del president Carles Puigdemont- por un peaje a la cárcel de Lledoners para visitar a los presos políticos, por un importe de 15,20 euros, alguien debería alzar la mano para señalar que se viene aprendido de inglés, o se lo paga uno, y que el mantenerse en forma es muy sano, pero no tocamos a un regalo de uno para cada ciudadano a cuenta de los presupuestos del Estado.

El caso del ministro Marlaska no debe ser único en las diferentes administraciones aunque llame especialmente la atención por el cargo que ocupa. Una mejor regulación no debería ser nada extraño en unos momentos en que la ciudadanía exige a los servidores públicos un comportamiento ético radicalmente diferente, y hay una mayoría de izquierdas en el Congreso para no hacerse corresponsable de este tipo de actuaciones.