El voto de los socialistas españoles -incluidos los catalanes- decantarán en las próximas semanas la votación del Congreso de los Diputados para conceder el suplicatorio del diputado Francesc Homs y que pueda así ser juzgado por el Tribunal Supremo por su participación en la consulta participativa del 9-N de 2014. Los socialistas han decidido sumarse al bloque de PP y Ciudadanos y no al de Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Republicana, PNV, Bildu y obviamente el propio PDECat, formación en la que milita el exconseller Homs.

No es, obviamente, una decisión cualquiera, por más que interesadamente se trate de rebajar por parte socialista aludiendo a que aunque Homs no hubiera sido juzgado sí lo habrían sido en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y por los mismos delitos el ex president Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, y por los que la fiscalía pide alrededor de diez años de inhabilitación para Mas y casi ocho para las dos exconselleras.

Aunque el Congreso de los Diputados ha concedido todos los suplicatorios que se le han pedido desde el Tribunal Supremo desde 1988, la singularidad de la consulta catalana y la posición inicial de los fiscales había hecho abrigar alguna esperanza de que la decisión final socialista podía ser otra. En el caso del PSOE, el golpe de timón dado para sacar a Pedro Sánchez ha eliminado cualquier veleidad de acuerdo con los independentistas. La gestora está en otra cosa y con una única carpeta: investir a Rajoy. El caso del PSC es más peliagudo. Lejos de ser como explican de que Homs tendría un trato de favor con el rechazo del Congreso al suplicatorio, lo que hacen es dar la razón a la decisión del TSJC de juzgar a Mas, Ortega y Rigau. La fuerza del Congreso de los Diputados negando el suplicatorio de Homs dejaría políticamente hablando en papel mojado una hipotética inhabilitación de Mas.

Ese es el papel que hubiera tenido que jugar el PSC. Se puede estar legítimamente en contra de la independencia pero es un auténtico disparate sentar en el banquillo de los acusados a aquellos que llevaron a cabo una consulta participativa sin ningún tipo de valor y consecuencias jurídicas. De ahí la importancia que habría tenido un gesto de los socialistas en el Congreso.