Acostumbrados, como estamos, a ver cómo las administraciones suelen ir cada una por su lado, el clima de diálogo existente entre el Govern de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona en lo que respecta a los planes de acogida de refugiados es una muy buena noticia. Como también lo es su voluntad firme, pese a la negativa del Estado, a acoger un total de 6.300 víctimas del horror de la guerra, el hambre y la penuria. La torpeza del Gobierno español en la gestión de los refugiados guarda parangón con otras lindezas de la legislatura que, en parte, ayudan a entender la situación de colapso en la que se encuentra el Estado. Un gobierno en funciones desde las elecciones del pasado 20 de diciembre y la espada de Damocles encima de la mesa ante la incapacidad por acordar un gobierno que desbloquee la actual situación. Algo que en Europa cuesta de entender y que bloquearía la gobernabilidad en muchos países si se actuara de la misma manera. Quizás por eso, todo el mundo habla de elecciones el 26 de junio pero en el fondo están convencidos de que se llegará a un acuerdo.

Pero volvamos al tema de los refugiados. Es del todo incomprensible la actitud de parálisis que se está produciendo y que no hace más que retardar las soluciones que hay encima de la mesa. Si en alguna cosa las administraciones locales han demostrado una capacidad de gestión de los problemas, es en temas de esta naturaleza. Colau es una política hábil y sabe que muchos temas le serán difíciles de gestionar y que además colisionará con intereses de sectores importantes de la ciudad. No será, en cambio, en el tema de los refugiados. Donde la alianza con el Govern está garantizada por motivos tan diferentes como la disposición expresada desde el primer momento o la voluntad política de ser socios creíbles ante las instituciones europeas ante un drama que afecta a todo el continente.

Por eso es bueno tratar de esquivar las trabas de la administración central y expresar en todos los foros en los que se pueda que la colaboración catalana es firme y que se está en disposición de cumplir inmediatamente los compromisos, como también expresaron la Diputación de Barcelona y los consellers de Treball, Interior y Afers Exteriors, aquella conselleria recurrida ante el TC pero que voluntariamente alejada de la polémica busca jugar un papel determinante en la acogida y asilo de los refugiados.