Este 29 de diciembre Carles Puigdemont, el president catalán en el exilio, cumplía 59 años y lo celebraba en Perpinyà. Los cinco últimos los ha pasado en el extranjero, lejos de Girona y de Catalunya, la gran mayoría en Bélgica, y en libertad, al no aceptar su entrega ninguno de los países a los que España ha cursado, vía Tribunal Supremo, una orden de extradición. Todas las batallas las ha ido ganando —igual que el resto de miembros del Govern, que suman, entre todos, una larga lista de países— desde que abandonó España, cuando se implantó el 155 y fue destituido por Mariano Rajoy, sin discusión judicial posible. Una tras otra, mientras España defendía primero una inexistente rebelión y más tarde, tras la sentencia a los presos políticos, una imaginaria sedición.

Las repetidas victorias legales han ido construyendo un cuerpo jurídico internacional lo suficientemente amplio para que a mediados de año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, dé la puntilla a los intereses de España. De hecho, su abogado Gonzalo Boye ya ha empezado a declarar, con una cierta ambigüedad pero con claridad, que el retorno de los exiliados será mucho antes de lo que la gente piensa.

Para ello, ¿qué tendría que pasar? Que el TJUE al pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el magistrado Pablo Llarena dejara claro que no es factible cursar una nueva euroorden y que no ha lugar su detención; que recuperara su plena inmunidad como eurodiputado que es; y, finalmente, que se estableciera sin discusión posible que el fallo afecta al conjunto de la Unión Europea al tratarse de un espacio jurídico único.

Hay una gran confianza en que esto pasará y será antes del verano, con lo que, despejado el tema legal de un retorno a España con garantías —el Supremo tendría que pasarse por el forro la sentencia del TJUE, nada descartable por la actuación que ha tenido hasta la fecha, pero acabaría siendo un escándalo internacional—, se entrará en un segundo escenario: el calendario del retorno del exilio y si este es conjunto o escalonado. No se está trabajando en una fecha concreta para el retorno, pero sí hay, al menos sobre el papel, una fecha límite: antes del 60 aniversario.

A medida que avance el 2022, se podrá ir viendo la viabilidad de esta posibilidad que ya ha dejado de ser hipótesis para convertirse en un escenario de trabajo factible. De hecho, el gobierno español ya ha asumido que el retorno del president Puigdemont a Catalunya en los próximos meses será una posibilidad real si quiere ejecutarla, ya que los mensajes que le llegan de las instancias judiciales europeas van también en esta misma dirección. Si así fuera, sería el principio del fin de la anomalía política en que está instalada Catalunya desde que se suspendieron sus instituciones en 2017 y se liquidó el gobierno legítimo. Pero, para todo ello, aún falta mucho tiempo. Les deseo a todos ustedes un muy feliz 2022.