Acostumbrados como estamos a recibir impactos del maltrato de España a Catalunya —¡ojo!, vale la pena insistir que cuando se trata de servicios el agravio no es a los independentistas, sino a todos los catalanes— a veces pasa que se presta poca atención a las cifras. Y se acaba convirtiendo todo en un debate de frases más o menos ingeniosas en que cada uno dice la suya y el alineamiento es partidista. No debería ser el caso de la presentación del déficit fiscal de Catalunya que ha elaborado la Conselleria d'Economia en función de los datos de 2019, los últimos con los que ha podido elaborar la estadística más reciente. Así, hemos sabido este jueves que la diferencia entre lo que el Estado gasta en Catalunya y los ingresos de los catalanes a las arcas del Estado se eleva a 20.196 millones de euros. Una verdadera monstruosidad teniendo en cuenta que si lo dividimos por la población del país, la Generalitat podría invertir en cada ciudadano una media de 7.800 euros en vez de los 5.071 que invierte en la actualidad. Otra comparación: los 20.196 millones de euros son el equivalente a la suma de los presupuestos de Salut, Educació i Drets Socials de la Generalitat.

No se está hablando, por tanto, de poesía. Sino de escuelas, hospitales, infraestructuras, universidades, tecnología, rebaja de impuestos, ayudas al tejido empresarial y tantas otras cosas. Una cantidad de millones de euros que generamos los catalanes, se van en dirección a Madrid y no vuelven, haciéndose cada vez más elevado el expolio y sometiendo a Catalunya a una agonía financiera impropia e inadecuada con los recursos que genera. Ya sé que hay mucha demagogia, y además es muy fácil de hacer cada vez que se habla de estos temas: que si los catalanes se lo gastan en chiringuitos o despilfarran en cosas superfluas. Una de las ventajas que tiene tener un Estado, o, al menos, una autonomía fiscal absoluta, en línea con lo que es el concierto, es que no he oído nunca hablar a ningún vasco de que tengan chiringuitos, ni ningún comentario despreciativo de esta naturaleza. La autonomía fiscal es, sobre todo eso, autonomía. Aquí, en cambio, en el régimen común en el que está Catalunya hay una batalla campal con cada euro que hay en la bolsa común.

Tiene razón el conseller Giró cuando utiliza tres calificativos para denunciar el maltrato que recibe Catalunya por parte del Estado: es sistémico, endémico y desleal. Es sistémico porque no solo no se corrige con el paso de los años, sino que va en aumento. Es endémico porque afecta habitualmente a los mismos. Y es, sobre todo, desleal. Desleal no por parte de un gobierno —con PP o con el PSOE en el gobierno acostumbra a pasar más o menos lo mismo— sino por parte de un Estado que hace demasiados años que solo trabaja en la dirección de ahogar financieramente a Catalunya. Eso es una evidencia que puede molestar a los que se les acusa de ello, pero que no tienen argumentos para defenderse en un debate académico. Las cifras son irrefutables y lo que es extraño es que no haya habido una revuelta que agrupe a toda la sociedad catalana. ¿O acaso los dirigentes del PP, PSC, Vox o Ciudadanos no quieren que sus hijos vayan a unos mejores colegios públicos o a unos hospitales mejores, con listas de espera inferiores a las actuales?

Es urgente revertir esta situación y tejer las alianzas políticas para revertirla. Y debe hacerse, mal que nos pese, en el marco autonómico en el que estamos inmersos y del que queremos salir, pero aún no hemos salido. Lo que no puede ser es que se sigan dando avales al gobierno de Madrid mientras ese expolio no hace más que aumentar y aumentar. Hacer política pensando en el conjunto del país, en su prosperidad y en su riqueza es otra cosa. Un último dato, en estos dos minutos que usted habrá tardado en leer este artículo, 76.840 euros que hemos pagado los catalanes no volverán a Catalunya. Así, ¿hasta cuándo?