El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha archivado el caso contra el periódico La Razón por publicar en una doble página las fotos de 33 jueces catalanes que habían firmado un manifiesto a favor de la consulta participativa organizada por la Generalitat el 9-N de 2014. Según los jueces demandantes, un total de 22, al menos, algunas de las fotos sólo se habrían podido obtener a través de la base de datos del Documento Nacional de Identidad y se trataría de un delito de revelación de secretos. De hecho, dos inspectores de la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía llegaron a admitir que habían accedido a la base de datos del DNI para realizar un informe a petición de un superior. El caso, para los que no lo hayan seguido, inició su instrucción en un juzgado de Barcelona y, pasado un tiempo, su titular se inhibió en favor de un juzgado de Madrid. En el archivo del sumario, que no es recurrible, se señala que no hay delito y que tampoco hubo revelación de secretos. De cómo fueron obtenidas algunas de las fotografías nada más se sabe.

El siempre inquieto jurista Joan Queralt, colaborador de El Nacional, cuando leyó la noticia en nuestro diario hizo un tuit directo, como muchos de los suyos, que sonaba a una interpelación. Decía: "Impresentable. ¿Si hubieran sido jueces afines el resultado hubiera sido el mismo?". Se refería, claro está, a si hubieran sido objeto de una violación de su imagen y contrarios al proceso. Y aunque la pregunta no pueda tener una respuesta clara ya que no se ha producido la situación, es muy probable que Queralt lleve razón. Entre otras cosas, porque los precedentes de todo lo relacionado con el 9-N lo que no hacen es generar confianza en la justicia, ya que están inmersos en el proceso penal de la consulta el president Mas y tres de sus consellers del momento. Y aunque sea cansino vale la pena recordar que los fiscales catalanes se opusieron unánimemente a presentar una querella y solo lo hicieron una vez la Fiscalía General del Estado, haciendo uso de sus potestades, ordenó a la Fiscalía de Catalunya que la presentara.

Uno de los magistrados denunciantes se ha referido a la utilización de su imagen como una actuación vergonzosa. Es evidente que no va errado y dice muy poco del Estado de Derecho y los límites de utilización en beneficio propio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Los ciudadanos necesitamos saber que esas líneas se respetan y que los primeros que lo hacen son aquellos en los que confiamos nuestra seguridad.