La Unión Europea ha vuelto a regañar a España. Este miércoles la Comisión Europea ha regañado al Gobierno español por incumplir hasta cinco directivas europeas. Se trata de la directiva europea sobre la morosidad, la normativa sobre los límites máximos de contaminación, la de los trabajadores desplazados, la del whistle-blowing, así como también ha avisado al Ministerio de Hacienda de que hay que cambiar el Modelo 720.

De este modo, Bruselas ha lanzado hasta cinco expedientes de infracción a España, un procedimiento que puede acabar en multa, una vez hechas las advertencias formales y después de pasar por el Tribunal de Justicia. Si el Tribunal da la razón a la Comisión y el país no cumple, es multado.

En cuanto a los procedimientos de este miércoles, en cuatro de estos casos ha emitido un ultimátum de dos meses, el procedimiento posterior a la advertencia y previo a ir a los tribunales, y en otro ha lanzado una primera advertencia. 

Morosidad

Primera advertencia en morosidad. La Comisión Europea ha enviado una carta de advertencia a España por incumplir la directiva europea sobre morosidad, con el objetivo proteger a las PYMES en sus transacciones comerciales. Bruselas critica que el Estado prorroga sistemáticamente el plazo legal de pago a treinta días y que ello acaba siendo un "problema muy grave para las empresas, sobre todo las pequeñas."

La Comisión pide a España que aplique la directiva europea, que se hagan responsables del puntual pago de las administraciones públicas y que se creen entornos fiables para erradicar la morosidad. La comisaría Elżbieta Bieńkowska ha avisado que es esencial para las empresas "poder cobrar a la hora, para poder hacer su trabajo, prestar servicio a los clientes y pagar a los trabajadores".

Contaminación

La Unión Europea también ha vuelto a advertir a España por incumplimiento de la normativa sobre los límites máximos de dióxido de nitrógeno (NO2) que se pueden emitir a la atmósfera, un gas que básicamente proviene del tráfico. No es la primera vez que lo hace y, de hecho, ésta será la última, porque lo ha hecho en forma ya de ultimátum. La Comisión ha enviado un dictamen motivado, el siguiente paso a la advertencia, y le ha dado dos meses para cumplirlo. Si no lo hace, la llevará al Tribunal de Justicia

La Comisión pide de esta manera al Estado que garantice la buena calidad del aire y proteja la salud pública, y advierte que no hacerlo supone un grave problema para la salud. En su dictamen, Bruselas identifica tres zonas conflictivas, una en Madrid y dos en Barcelona.

Trabajadores desplazados

La CE también ha dado dos meses al Gobierno español para adaptar la legislación española a la europea con respecto a la materia de trabajadores desplazados. Una normativa que tendría que haber sido adoptada, como máximo, el pasado mes de junio.

Concretamente, se refieren al hecho de que España todavía no haya comunicado la plena transposición a su ordenamiento jurídico de la directiva que establece el marco común de medidas y mecanismos de control necesarios para garantizar el cumplimiento de las reglas europeas sobre el desplazamiento de trabajadores. En forma también de dictamen motivado, la CE ha avisado a España formalmente de que lo tiene que cumplir y que si no será llevado al Tribunal de Justicia.

Modelo 720

También mensaje contundente de Bruselas al Ministerio de Hacienda. La Comisión Europea cree que las multas impuestas por Hacienda a los que no declaran correctamente sus activos en el extranjero son "desproporcionadas", "discriminatorias" y que "están en conflicto con las libertades fundamentales de la UE". Una vez más, la CE pide a España que cumpla de inmediato esta normativa y amenaza con ir al Tribunal de Justicia comunitaria si no lo hace.

El modelo 720 es una declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero que se aprobó en octubre de 2012 después de una modificación de la normativa tributaria, en medio de una campaña contra el fraude.

Whistle-blowers

Finalmente, Bruselas también critica a España por incumplir las normas de los conocidos como 'whistle-blowers', los también llamados reveladores de información, y que trabajan para un organismo y denuncian públicamente a un tercero las faltas o las irregularidades cometidos por este organismo por interés público.

La comisión pide a España que establezca mecanismos eficaces que permitan comunicar infracciones del reglamento sobre abuso de los mercados, cumpliendo así la directiva europea que regula el abuso de estos. En este caso, también le da dos meses para actuar antes de ir a los Tribunales.