Taxi Project, cuyo coordinador es Tito Álvarez, ha presentado este miércoles por la mañana una querella en la Fiscalía de Delitos Económicos de la Audiencia Nacional contra Uber por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública y por estafa documental. En la denuncia, la asociación de taxistas expone el entramado societario de la plataforma, a quien acusa de no abonar el IVA de al menos 5,1 millones de euros del ejercicio del 2018, y como de cada trayecto la multinacional se quedaría con un porcentaje de entre el 20% y el 30% de la carrera del cliente en concepto de 'royalties' por explotación de la propiedad intelectual, una cantidad que se enviaría directamente sin tributar hacia Holanda y posteriormente a paraísos fiscales como el estado de Delaware, Singapur o Bermuda.

La denuncia se ha elaborado a partir de un informe de la consultora Ekona que desgrana las presuntas prácticas ilegales de la compañía. Según el informe, el "objetivo principal del fraude sería poder arrancar su flujo de ingresos de su actividad integrada que supone el servicio de transporte para poder justificar legalmente su canalización hacia Delaware u otros paraísos fiscales sin tributar". En este sentido, la plataforma debería 5,1 millones de euros a la hacienda pública española correspondientes al ejercicio del 2018 por las comisiones en concepto de 'royalties' por explotación propiedad intelectual que cobró al usuario –sin que este lo supiera- y que habría enviado a Holanda sin tributar.

Por Taxi Project, no se cumple ninguna de las dos condiciones por las cuales el importe de estas supuestas comisiones tendría que haber quedado exento del IVA y descritas en la legislación holandesa: que existiera un servicio de exportación y una transacción entre empresarios. En más, subraya que la actividad sobre el cual factura este importe se desarrolla en España y no en Holanda.

El informe pericial recopilación que Uber consideraba estas transferencias como una exportación de un servicio no integrado en la actividad del transporte, aunque la sentencia del TJUE del 2017 exponía que su actividad sí transcurre en este ámbito. La plataforma alegó en su día que era una empresa de prestación de "servicios de la sociedad de la información".

Para calcular este importe del IVA presuntamente defraudado en el 2018, el informe pericial parte de la base que Uber facturó 255 millones de euros en el Estado. Tase Project considera que la plataforma disponía de 5.000 conductores al Estado de un total de 13.125 licencias VTC otorgadas en el 2018 y que cada uno de ellos hacía una media de nueve trayectos diarios, lo que supone alrededor 1,4 millones de viajes al mes y, por lo tanto, unos 17 millones de trayectos anuales. El importe por término medio de cada viaje estiman que es de unos 15 euros -calculado haciendo una media de 18.000 trayectos de acuerdo con una investigación del medio Business Insider-.

De los 255 millones de euros, 51 millones de euros corresponderían a la comisión del 20% que Uber presuntamente desviaba hacia Holanda y que no pagaba el tipo del 10% de IVA en el Estado, es decir, 5,1 millones de euros. Para reforzar sus tesis, los taxistas recurren por una parte a los datos que Uber habría aportado a la Oferta Pública Inicial (OPIO) cuando salió en bolsa por primera vez. En aquella documentación, constaría que la empresa hizo 14 millones de viajes diarios computando todos se suyos servicios por todo el mundo, el que "podría suponer cerca de 5.000 millones de trayectos al año", y establecen la proporción de estos viajes al Estado.

Por otra parte, se remiten a los datos del Ministerio de Economía de septiembre del 2018, cuando se preparaba el proyecto de ley de ordenación territorial y que constaba que cada licencia VTC tenía un flujo de caja de 52.667 euros anuales, que multiplicado por las 5.000 licencias que trabajan por Uber genera una facturación de 263 millones, de los cuales un 20% de comisión son 52,6 millones. De esta cantidad, el 10% en concepto de IVA representarían 5,26 millones. Para el abogado de Vosseler Luis Domingo, que ha denunciado "la opacidad de la plataforma", estos datos "encajan perfectamente con las que se han podido ir arañando".

En cambio, según la denuncia, en el suyas cuentas Uber contabiliza una facturación de 16,7 millones de euros durante el 2018 en el Estado. Los taxistas consideran que "suponiendo que hagés declarado un IVA del 10%" sobre esta cantidad, es decir 1,61 millones de euros, todavía en la plataforma todavía le quedarían 3,43 millones hasta llegar a los 5,1 MEUR.

Por todo ello, al denuncia pide que se inspeccione las cuentas de "al menos" en el 2017 –cuándo declaró unos ingresos de 2,9 millones de euros- y en el 2018 y las cantidades de IVA que presuntamente se habrían de dejado de pagar así como las correspondientes al impuesto de sociedades. Asimismo, consideran que Uber "se tendría que considerar una única persona jurídica" delante del conglomerado de sociedades "constituido con el objetivo de defraudar la ley".

La abogada de Vosseler Leyre López ha asegurado que son delitos que si la denuncia sale adelante pueden comportar penas de entre dos y seis años para los responsables de Uber. La compañía empezó su actividad en el Estado en el 2014, aunque en el caso de Catalunya dejó de ofrecer sus servicios en el 2019 después del decreto de la Generalitat que obligaba a una precontratación de 15 minutos, entre otros. Además, según la abogada también se podrían tener que hacer cargo de una multa de entre el doble y seis veces más a las cantidades defraudadas y el retorno de los importes con intereses. "Están hechos muy graves que hacen mucho daño a nuestra sociedad", ha dicho.

Por lo que hace el coordinador y portavoz de Taxi Project, Tito Álvarez, se ha mostrado convencido que esta denuncia puede tener repercusión a nivel europeo porque es un "entramado societario y de ingeniería fiscal que están aplicando a todo el mundo". En este sentido, los ha acusado de cometer los mismos delitos por toda Europa después de la sentencia del TJUE.

Según ha añadido, esta investigación es la "primera fase" del proyecto para denunciar las prácticas de las plataformas tecnológicas como Uber y ha cargado contra otros como Glovo, de quién ha dicho que ha subido precios durante la pandemia en los establecimientos y ha bajado las tarifas a los 'riders', o de las que "especulan" con el alquiler. "Son las mismas personas, los mismos fondos buitre que están detrás de todo," ha dicho Álvarez, que los ha tildado de "criminales tecnológicos".

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