El Tribunal Supremo ha anulado el concurso de concesión de la gestión de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que la Generalitat adjudicó a un consorcio liderado por Acciona y BTG Pactual en el 2012 y que representó la mayor privatización nunca hecha por el ejecutivo catalán, con un valor de 1.000 millones de euros.
El Supremo ha rechazado los dos recursos que se habían presentado y ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que en el 2015 anuló el proceso de adjudicación de ATLL hecho por la Generalitat a Acciona. La justicia ha dado así la razón a Agbar, la empresa que perdió el concurso y que denunció el proceso de adjudicación.
En junio del 2015, el TSJC anuló ese procedimiento por considerar que vulneró "los principios de publicidad, concurrencia e igualdad", una decisión contra la que presentaron recurso tanto la Generalitat como Acciona y que hoy ha confirmado el Supremo.
ATLL es la empresa pública que presta el servicio de abastecimiento de agua "en alta" (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana, que abastece a unos 4,5 millones de personas, lo que da una idea de la importancia de la privatización.
Ésta es, de hecho, la privatización más importante de la historia de Catalunya.
El origen de la batalla judicial es la privatización de su gestión, que la Generalitat llevó a cabo el 6 de noviembre de 2012, días antes de las últimas elecciones autonómicas, y que finalmente adjudicó al consorcio liderado por Acciona, descartando la oferta presentada por Agbar.
La sentencia podría acarrear ahora una compensación millonaria. Acciona ya avisó que en caso de que se acabara anulando el contrato exigiría a la Generalitat la devolución de los 300 millones de euros que abonó en el momento de la adjudicación como primer pago del canon concesional.
La sentencia del Supremo es la siguiente: