La junta de accionistas de Banco Popular ha aprobado las cuentas del ejercicio 2016, que arrojaron unas pérdidas de 3.485 millones de euros, con al menos un respaldo del 93,59%. Así lo ha comunicado el banco presidido por Emilio Saracho al mercado tras llevar a cabo una auditoría interna y detallar la necesidad de corregir cuatro aspectos de sus cuentas.

En concreto, el auditor observa "insuficiencia" en determinadas provisiones constituidas respecto a riesgos que deben ser objeto de provisiones individualizadas, que afectarían a los resultados de 2016, y por ello, al patrimonio neto, por un importe de 123 millones. A ello se suma una "posible insuficiencia" de provisiones asociadas a créditos dudosos en los que la entidad se ha adjudicado la garantía vinculada a estos créditos que ascendería estadísticamente a 160 millones.

"Posible obligación"

Asimismo, ha detectado la "posible obligación" de dar de baja alguna de las garantías asociadas a operaciones crediticias dudosas, siendo el saldo vivo neto de provisiones de las operaciones en las que se estima que pudiera darse esta situación de alrededor de 145 millones de euros, lo que podría tener un impacto, aún no cuantificado, en las provisiones correspondientes a esas operaciones.

También apunta a determinadas financiaciones a clientes que pudieran haberse utilizado para la adquisición de acciones en la ampliación de capital de mayo de 2016, cuyo importe, si se verificara, debería ser deducido de acuerdo con la normativa vigente del capital regulatorio del banco, sin efecto alguno sobre el resultado ni el patrimonio neto contable. La estimación estadística del importe de estas financiaciones es de 205 millones de euros, siendo el importe total objeto de este análisis de 426 millones de euros.

Fuentes del mercado han explicado que en la reexpresión de las cuentas del pasado ejercicio, que se incluirá en los estados financieros del primer semestre de este año, la entidad cargará 129 millones contra resultados. A ello habría que sumar 160 millones contra patrimonio y los posibles 145 millones derivados de la revisión de las garantías asociadas a operaciones crediticias dudosas, que también se cargarían contra patrimonio.

El consejo, ratificado

La junta de accionistas también ha ratificado el nombramiento de Carlos González Fernández como consejero independiente con un apoyo del 97,5% y de Antonio González-Adalid con el 83,4% de los votos. También se ha acordado la reelección de PwC como auditor y la escisión parcial transfronteriza intracomunitaria de Banco Popular Portugal a favor de Banco Popular Español.

Además, se ha votado la aprobación del límite máximo de la remuneración variable hasta el 200% del componente fijo de la retribución total de consejeros ejecutivos y miembros del colectivo identificado y la votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.