El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha pedido corregir la "descompensación" entre políticas de ocupación activas y pasivas para impulsar el mercado laboral, ya que "se están gastando los recursos en mantener, pero no en insertar". Así lo ha defendido este viernes en la presentación de un informe con las propuestas de la patronal sobre el futuro y la configuración de las políticas activas de ocupación en Catalunya.
El informe detalla que las políticas de ocupación activas de 2019 -desarrolladas a partir del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), el consorcio y la colaboración público-privada- contaron con un presupuesto de 637,5 millones de euros (un 16,9%) del total, mientras que las políticas pasivas sumaron un total de 3.140,4 millones, el 83%.
En este sentido, el secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha destacado el "claro desequilibrio" entre las políticas de ocupación, una "descompensación" que "debe ser resuelta" tanto por el Govern como por el Gobierno. Ginesta ha advertido de que "hay compensaciones sociales que hace que las personas no vayan a trabajar", por lo que defiende que cuando se paga una prestación "debe de haber un compromiso de la persona hacia la activación". "Si de las políticas activas hacemos un mejor uso, y de las pasivas conseguimos que las personas tengan compromisos y obligaciones habrá un proceso de compensación", ha destacado, con propuestas como mecanismos de orientación laboral más personalizados y con ratios más ajustadas, para que la administración ayude a las personas a encontrar trabajo.
Desde la patronal también se ha pedido la vinculación entre las dos políticas y que sea un solo organismo quien gestione las políticas de ocupación -el SOC en el caso de Catalunya-. El informe también señala la necesidad de resolver la "hiperburocratización" que "hace perder eficiencia y eficacia" a las políticas de ocupación, y pide la modificación del sistema de subvenciones para que sean más sencillas de solicitar.
En cuanto a la formación, desde Pimec consideran que la oferta formativa debe enfocarse a las necesidades actuales del mercado de trabajo y piden una transferencia íntegra de competencias de seguimiento de la formación continua a las comunidades autónomas.
Ante el anuncio del Gobierno sobre la reforma laboral, Cañete ha opinado que "no se puede resolver la problemática actual con una reforma puntual donde solo se hable de despidos colectivos o subcontratación", y ha defendido una "reforma integral" del mercado de trabajo.
Considera que España necesita un mercado "competitivo", que debe ser "sostenible económicamente y socialmente", pero que con el planteamiento propuesto se pierden las posibilidades de tener a gente contratada: "No es realista pensar que limitando los contratos temporales no habrá crisis empresariales y la gente no perderá el trabajo", ha añadido. Defiende, por contra, fortalecer la ocupación de las personas en un mercado de trabajo "cada vez más cambiante, dinámico y en permanente oscilación".