La llegada de los fondos europeos en España no es gratis. Para hacer posible este vertido de recursos a la economía española, el gobierno de Pedro Sánchez tendrá que hacer sacrificios y se ha comprometido a abordar ciertas reformas que hace años que el Ejecutivo, y el país, tiene pendientes, como por ejemplo la reforma fiscal, que el Ejecutivo pretende que entre en vigor durante el primer trimestre del 2023.

Por lo tanto, se trata de un gran paquete de reformas que se irán aprobando durante el 2022 para entrar en vigor el año siguiente y que están directamente relacionados con los fondos europeos porque el gobierno quiere acercar el Estado a los niveles de recaudación europeos y eso comporta endurecer el régimen fiscal español y, por lo tanto, afectará a todos los contribuyentes españoles

Entre estas medidas publicadas este miércoles por el mismo ejecutivo podemos encontrar el nuevo impuesto sobre el diésel, el nuevo impuesto de sociedades, sobre el patrimonio, un aumento de las bases máximas del IRPF o lo que más afectará a la población, la imposición de un impuesto de circulación que afectaría a todas las vías del Estado, que podría comportar la introducción de peajes a las autovías. De hecho, el Gobierno señala en los documentos publicados que "nuestro sistema tributario, y en sentido amplio los ingresos públicos, tiene margen de crecimiento en el medio plazo".

Ahora bien, aunque la reforma en el completo no entrará en vigor hasta dentro de dos años, el plan de recuperación prevé la revisión y aprobación de algunas figuras impositivas antes de esta fecha, un ejemplo será lo entra en vigor de la ley que regulará los impuestos sobre los plásticos y los residuos, que se aprobará durante el tercer trimestre de este año.

Además, a finales de año el gobierno quiere revisar la imposición sobre los hidrocarburos, durante la primera mitad de 2022 se quiere aprobar la reforma del impuesto sobre gases fluorados y durante el primer trimestre de 2022 se revisarán los impuestos sobre matriculación y circulación.

Los nuevos impuestos de Sánchez a la movilidad

Una de las medidas más polémicas es el nuevo impuesto de circulación que el Gobierno quiere aprobar el año 2023 para que entre en vigor en el 2024. Según apunta el mismo ejecutivo, la intención es "crear un pago por el uso de la red vial de carreteras" y una compensación por la externalidad negativa de la contaminación.

Con esta medida, el gobierno de Sánchez pretende "garantizar los mecanismos adecuados de financiación para la conservación y mantenimiento del stock de infraestructuras" de todo el Estado. Eso podría comportar la aparición de nuevos peajes a la red vial a partir de 2024 con el fin de cobrar el impuesto, pero el Ejecutivo no ha dado más detalles al respecto.

Este no será el único impuesto relacionado con la movilidad. Desde la Moncloa también se quiere aprobar un nuevo impuesto sobre la matriculación de vehículos con el fin de adaptar la ley actual a los "estándares medioambientales", que implicaría acabar con los beneficios que tienen actualmente algunos de los vehículos más contaminantes del parque móvil español. Hoy día, este impuesto está transferido a las Comunidades Autónomas, que gravan entre un 4,75% y un 14,75% del precio de los vehículos que emiten entre 120 y 200 gramos de dióxido de carbono por cada kilómetro.

Otra medida para llegar a una movilidad más sostenible será un una subida del impuesto sobre el diésel, concretamente la ficha publicada por el ejecutivo asegura que se pretende una "revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante para la equiparación progresiva de los tipos impositivos en atención a su poder contaminante".

Nuevos impuestos sobre la renta

La renta de los ciudadanos también se verá directamente afectada por la nueva reforma fiscal de Sánchez prometida en la UE. Una de las consecuencias más inmediata será la subida de las bases máximas de cotización, tanto a los ciudadanos como a las empresas, y será una de las medidas más relevantes por su gran poder recaudatorio y afectará, aproximadamente, a 1,2 millones de ciudadanos que actualmente sus rentas superan la base máxima.

Según se desprende de los documentos publicados por|el Gobierno es que esta medida afectaría a todos los trabajadores que sus ingresos mensuales superan los 2.400 euros al mes. Pero la intención es que esta subida "se acomode a una senda muy gradual y conocida por anticipado" que se empezaría a aplicar el año que viene. Al mismo tiempo, esta subida de los impuestos también comportaría una subida de las pensiones, lo que no se especifica es si será o no en consonancia.

El otro gran impuesto de Sánchez será el que gravará la riqueza de las personas. El Gobierno ya hace tiempo que asegura que su intención es acabar con un sistema fiscal más progresivo y entiende que una de las vías para conseguirlo es gravar la riqueza de las personas. Aunque no se detalla cómo se aplicaría el impuesto el Ejecutivo señala que "evidencian importantes mejoras a introducir desde la perspectiva de implementar una política redistributiva coherente en el ámbito nacional".

Al mismo tiempo, también señalan "la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los diferentes territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las comunidades autónomas".

Por último, la última modificación será el fin de la bonificación por aportación a planes de pensiones privados. Es decir, el Gobierno eliminará este beneficio fiscal sobre el IRPF porque no estimula el ahorro, según asegura la AIReF y por eso se eliminará con el fin de sustituirlo por otro beneficio centrar en los planes de pensiones de trabajo buscando el ahorro de los trabajadores a través de planes de empresa que se acordarán en una negociación colectiva para decidir cuánto dinero aportan los trabajadores y cuántos las empresas.

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