El Ministerio de Hacienda llevará este viernes un paquete de medidas al Consejo de Ministros con el fin de impedir que la Generalitat use dinero público para el referéndum del 1 de octubre, según han informado fuentes del Gobierno. Entre las medidas que se están planteando incluir se encuentra la gestión directa del gasto social del Govern. Esta decisión tiene lugar tras la carta que el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha enviado al ministro Cristóbal Montoro para comunicarle que van a dejar de informar semanalmente los gastos que realizan amparándose en las últimas leyes aprobadas en el Parlament.

Montoro no ha tardado en responder y exigir a la Generalitat que cumpla con su deber y remita de inmediato esta información. En la carta de respuesta, el ministro advierte de que, si no facilitan estos datos, se adoptarán "las medidas necesarias" para asegurar que la Generalitat atiende a la legislación vigente y, en concreto, al cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria. Además, Montoro ha querido dejar claro al Govern que no puede justificar el incumplimiento de sus obligaciones del acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) de 21 de julio porque las últimas normas aprobadas en el Parlament han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional y no amparan ninguna actuación.

El grueso de los presupuestos

Una de estas "medidas necesarias" implicaría la gestión directa del dinero que se ingresa en la Generalitat como pagos a cuenta del sistema de financiación autonómica. El Govern cuenta con ingresos propios procedentes de impuestos propios y cedidos. La partida de gasto social es el grueso de los presupuestos tanto del Estado como de cualquier comunidad autónoma ya que engloba los gastos de Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

Las entregas a cuenta de la financiación autonómica no son partidas finalistas como sí lo son las del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que van destinados al pago a proveedores y a los vencimientos de deuda. De hecho, el Ministerio ya ejerce un férreo control sobre el dinero del FLA y obliga a las CCAA a registrar en el Ministerio todas las facturas que se pagan. Sin embargo, las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica van directamente al presupuesto general que administra cada autonomía. Si el Ministerio de Hacienda finalmente gestionase directamente el gasto social estaría administrando una parte muy importante del presupuesto de Catalunya.

"He de recordarle que del contenido de citadas normas se deduce que no es precisamente, ni la sostenibilidad financiera, ni el equilibrio presupuestario, ni velar por el interés general, sus objetivos prioritarios", advierte Montoro en su carta. A su vez, rechaza que el acuerdo de la CDGAE sea un control político y lo enmarca en medidas de control de la gestión y destino de los recursos públicos.