La consellera de Justicia, Ester Capella, ha recordado este martes que la normativa catalana hace obligatoria la rebaja de los precios de los alquileres de los negocios afectados por la Covid. Así lo ha expuesto en una rueda de prensa conjunta con el presidente de la asociación comercial Comertia, David Sánchez, quien ha denunciado que el 5% de los propietarios de alquileres no estén respetando la normativa catalana y se amparen en la española y hayan seguido cobrando los alquileres indebidamente.

Capella ha recordado que "en Catalunya se aplica la normativa catalana" en esta materia, ya que en el territorio catalán "el derecho civil español se aplica de manera subsidiaria". La normativa aprobada por la Generalitat en octubre de 2020 establece que las partes podrán llegar a un acuerdo sobre el precio del alquiler a través de la negociación, pero que si no llegan a un acuerdo, la ley forzará una rebaja del 50% del precio para aquellos locales totalmente cerrados por la Covid. Si hay reducciones de horarios u otras limitaciones, el decreto establece el reparto del 50% de las pérdidas de aprovechamiento del inmueble.

Por este motivo, la consellera ha expuesto que el decreto catalán 34/2020 tiene que aplicarse y que, en caso de incumplimiento, obligará a los propietarios a devolver las rentas indebidamente pagadas, así como compensar los daños y perjuicios causados. La Cambra de Comerç de Barcelona también ha pedido este miércoles en un comunicado en materia de la rebaja de alquileres un "único marco normativo" que no cree contradicciones entre el español y el catalán.

Rebaja de los alquileres

Los comerciantes con establecimientos en La Maquinista, Glòries y Splau reclamaron a finales de este enero la rebaja de los precios de los alquileres afectados por las restricciones de la Covid, ya que el propietario de los centros comerciales, la francesa Unibail-Rodamco-Wesfield (URW), les seguía cobrando íntegramente el alquiler.

"El decreto Ley del Gobierno convalidado por el Parlamento de Catalunya tiene como objetivo repartir las ganancias y las pérdidas, reequilibrar los daños de la pandemia, proteger la actividad económica: tenemos que evitar destrucción de empresas y puestos de trabajo", ha expuesto Capella.

El presidente de Comertia ha subrayado que el "comercio está sufriendo" y por eso ha hecho otras demandas aparte de la rebaja de los alquileres, tal como la prórroga de los ERTE hasta finales de año, la necesidad de inyecciones directas a los negocios o la rebaja del IVA en dos o tres puntos.

Rechazo a la normativa española

La Cambra de Comerç ha reclamado la retirada del decreto español aprobado el pasado mes de diciembre que favorece a los grandes propietarios y que está haciendo que muchos de estos busquen acogerse a la ley española en vez de la catalana. El decreto español obliga a los comerciantes a acreditar primero una caída de la facturación del 75% en diciembre para optar a la rebaja del alquiler. No obstante, ofrece también al arrendador la posibilidad de aplicar una moratoria en el pago.

La Cambra denuncia que esta situación "de inseguridad jurídica" no sólo afecta a los negocios que se encuentran en centros comerciales, sino que también en las pymes establecidas en el Aeropuerto de Barcelona. Por este motivo, la entidad pide un "único marco normativo" que "vele especialmente por los autónomos y las pymes", así como "más generosidad" por parte de las administraciones en materia de gastos fijos, tal como son las tasas y los impuestos.