Se mantiene la incertidumbre sobre el futuro de Nissan en Catalunya después de la reunión que han mantenido esta tarde el consejero de Treball del Govern, Chakir el Homrani, y los sindicatos de la planta de Barcelona.

Después de la reunión, el Homrani ha admitido este viernes que "no sería honesto" no estar preocupado por el futuro de Nissan en Cataluny pero ha defendido la viabilidad de las instalaciones y ha dicho que espera que la propuesta de inversión que presentaron el Estado y la Generalitat sea valorada por parte de la multinacional nipona.

"La decisión no está tomada", ha recordado El Homrani que también ha dicho que la empresa no ha hecho público su posicionamiento oficial. Por eso, ha pedido esperar al 28 de mayo, el día en que Nissan presentará los resultados globales de la compañía, para ver si la estrategia conjunta de los gobiernos catalán y español "de frutos".

El Hormani se ha negado a valorar el impacto de la pérdida de Nissan sobre el empleo en Catalunya y ha asegurado que "sería un error" que la administración contemplara "otro escenario que no fuera el de la continuidad".

Actualmente, las fábricas de la automovilística dan trabajo a 4.200 trabajadores de forma directa y además de 20.000 personas indirectamente, ha recordado El Homrani. En un comunicado emitido poco antes de la rueda de prensa, la empresa ha asegurado que de Nissan dependen 3.000 empleados directamente y 13.000 de forma indirecta. Según las mismas cifras, el peso aproximado de la empresa en el PIB catalán es del 1,3%. Si sólo se mira el PIB industrial, la cifra se sube hasta el 7%.

Vulneración al derecho a huelga

Además, el conseller también ha asegurado que el Govern investigará "a fondo" la denuncia de vulneración del derecho a huelga de los trabajadores de la compañía por parte de la empresa. El Homrani ha aseverado que "no se puede considerar legal" volver a incluir a un millar de trabajadores de la planta de la Zona Franca en un ERTE a la fuerza de causa mayor por|para el paro de producción que ha causado la huelga indefinida de la plantilla, que protesta por la amenaza de cierre que cierne sobre las fábricas catalanas.

Las demandas de los representantes de los trabajadores han llegado tanto a la Autoridad Laboral como la Inspección Trabajo y los dos organismos han abierto una investigación.

El conseller ha insistido en remarcar que el estado de alarma decretado para combatir el coronavirus "no permite la vulneración del derecho a huelga", un derecho fundamental y, por este motivo, el Departamento que dirige investigará "hasta el final" las irregularidades que denuncian a los sindicatos. "La Autoridad Laboral será dura y estricta para que se cumpla con la normativa y no se incumpla ningún derecho", ha dicho.