Al Govern de la Generalitat "le parece bien" que la jueza instructora del caso BPA, Canòlic Mingorance, haya decidido investigar las posibles presiones de España a la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener información bancaria de Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras. Sin embargo, según han asegurado fuentes de Presidència a El Nacional, también "lamenta que tenga que ser la justicia andorrana y no la española la que investigue este tema, ya que precisamente daña la credibilidad de la política y las instituciones del Estado".
Más concretamente, la justicia andorrana investigará la denuncia realizada por Higini Cierco, que es accionista mayoritario junto con su hermano Ramon de la intervenida BPA, en torno a las presuntas coacciones y amenazas de "las fuerzas policiales españolas" para conseguir una información vinculada al caso Pujol y a la Operación Catalunya.
En este sentido, estas mismas fuentes de Presidència han explicado al diario que "esta guerra sucia del Estado contra el proceso político catalán es una sospecha general y pública de hace mucho tiempo."