La asociación Asufin, especializada en la protección de los consumidores financieros, ha informado hoy en un comunicado sobre la presentación de una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la vulneración  "reiterada y sistemática" del Tribunal Supremo de la directiva que protege a los consumidores frente a las cláusulas abusivas y por su "negacionismo" ante la jurisprudencia del TJUE. La presidenta de la asociación, Patricia Suárez, define esta denuncia como "la culminación de una labor incesante en la defensa del consumidor bancario".

La asociación ha instado a las instituciones europeas a que realicen “las oportunas averiguaciones y abran el procedimiento de infracción correspondiente” para garantizar que en España se aplique de forma correcta el Derecho de la Unión en relación con el principio de transparencia en la contratación con los consumidores.

Según la asociación, el Tribunal supremo “no ha sido capaz de resolver los asuntos con un criterio que ofreciera seguridad jurídica” y esto ha provocado que los jueces nacionales "se hayan visto obligados a plantear hasta 88 cuestiones prejudiciales en materia de protección del consumidor entre 2010 y 2019", que han llevado a corregir "muchas veces" el criterio del alto tribunal. Como consecuencia, "muchos consumidores con sentencia desestimatoria perdieron la oportunidad de recuperar su dinero por una interpretación incorrecta de las directivas europeas", expone Asufín en su comunicado.

Contradicciones con la doctrina del TJUE

Según Asufín, el Tribunal Supremo no se ha acogido "pacíficamente" a la doctrina del TJUE "sistemáticamente" y ha mantenido ante este marco legal una "clara contradicción jurídica que sigue generando graves perjuicios al introducir recortes, limitaciones o interpretaciones restrictivas de los criterios protectores de los consumidores".

La demanda aporta ejemplos objetivos de algunas de las decisiones más perjudiciales para los consumidores, como son la "retroactividad de la cláusula suelo, las costas procesales, la contratación entre profesionales, el vencimiento anticipado, el IRPH y la falta de legitimación de las asociaciones de consumidores para defender a clientes con inversiones de elevada cuantía, carácter especulativo o múltiples contrataciones, entre otras". Así pues, el escrito insta a suprimir, de manera definitiva, el IRPH hipotecario, tanto de cajas como de entidades. 

"Los consumidores estamos cansados de amanecer en el día de la marmota una y otra vez", lamenta la presidenta de Asufin, que confía en que Europa "tome cartas en el asunto" y que el Supremo "recupere la senda iniciada en 2012 con la primera sentencia que aplicaba el principio de la transparencia en la contratación masiva". El escrito cuenta con el apoyo de 68 juristas y economistas expertos en Derecho de los consumidores y 16 organizaciones de Croacia, España, Eslovenia, Hungría, Islandia, Italia, Polonia, Rumanía y Ucrania.