El Gobierno español ha remitido a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021, en el que le comunica la previsión de subir las pensiones un 1,6% este año y un 1,5% el próximo y que para sufragar el incremento planteará en el Pacto de Toledo la adopción de "nuevas figuras tributarias", como el nuevo tributo a las grandes tecnológicas, que permitirá incrementar la recaudación prevista en 600 millones de euros en 2018 y en 1.500 millones adicionales en 2019.

Así figura en el nuevo Programa de Estabilidad remitido por el Ejecutivo a la Comisión Europea este lunes a última hora, en el que informa a Bruselas de que si finalmente se aprueban los Presupuestos Generales del Estado (PGE) entrarán en vigor las medidas del acuerdo en materia salarial y de empleo público alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para el periodo 2018-2020 -que contempla un alza de entre el 6,1% y el 8,79%-, la rebaja del IRPF en los tramos de renta más bajos y el incremento de las pensiones.

Éste pasa por una subida de las pensiones mínimas de en torno al 3% en 2018, un incremento de cuatro puntos porcentuales de la base reguladora de las pensiones de viudedad y la revalorización en 2018 y 2019 de todas las pensiones, un 1,6% y un 1,5%, respectivamente.

Incremento de las pensiones

El incremento de las pensiones por encima de lo previsto en el proyecto de Presupuestos supone un coste adicional de 1.522 millones de euros, según cuantifica el Gobierno en el documento remitido a Bruselas.

Para sufragar esta subida adicional el Ejecutivo planteará, en el marco del Pacto de Toledo, la adopción de "nuevas figuras tributarias" en línea con las iniciativas encuadradas en la cooperación y coordinación tributaria europea, que permitirán incrementar la recaudación prevista en 600 millones de euros en 2018 y en 1.500 millones adicionales en 2019.

En particular, plantea la creación este mismo año de un nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales que seguirá los principios recogidos en la propuesta de directiva presentada por la Comisión Europea el pasado 21 de marzo, anticipando su aplicación en España.

Según explica el Ejecutivo, el objetivo de este impuesto es "superar las deficiencias" de los sistemas fiscales actuales y lograr que las grandes empresas de la economía digital tributen allí donde se crea el valor añadido.

Por ello, el nuevo gravamen se aplicará únicamente a empresas con un elevado importe de ingresos anuales, de forma que no grave a las pymes, y sólo gravará por los ingresos derivados de la prestación de determinados servicios digitales, que son los más difíciles de capturar por los sistemas tributarios vigentes. Estima que esta nueva figura tendrá un impacto recaudatorio de unos 600 millones de euros este año.

Las nuevas figuras tributarias aportarán un importe adicional de en torno a 2.100 millones de euros, inferior a los alrededor de 3.300 millones de euros que supondrá el coste de la subida, y se sumará al nuevo crédito del Estado superior a los 15.000 millones de euros.