El Gobierno ha aprobado junto con los agentes sociales la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo. Así lo han anunciado en una rueda de prensa esta tarde la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quienes calculan que esta nueva prórroga supondrá un coste de 5.500 millones de euros, entre ayudas empresariales y prestaciones.

Los ministros han celebrado que se haya llegado al acuerdo social sin agotar el tiempo de negociación, que se mantiene con las "mismas características excepto con algunos cambios" y sin necesidad de nuevas autorizaciones administrativas. Actualmente unos 755.000 trabajadores se encuentran en ERTE en España. Díaz ha enfatizado que esta herramienta permitirá "transitar la crisis económica más dura que jamás hayamos conocido".

Prórroga de los ERTE

El Ejecutivo puso sobre la mesa un nuevo texto y el acuerdo quedó únicamente pendiente de que los órganos de dirección de sindicatos y patronal dieran su visto bueno al mismo. La CEOE ha dado esta mañana su visto bueno para prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo, mientras CCOO y UGT, que esta mañana no daban el acuerdo por cerrado a la espera de que se resolvieran "algunos flecos", ya han comunicado su aval, según han señalado Escrivá y Díaz.

"El marco de ERTE que se ha aprobado, en lo sustancial, mantiene el modelo que ha estado vigente estos últimos cuatro meses", ha añadido Escrivá. Así pues, la propuesta del Gobierno para prorrogar los ERTE mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo y la prohibición a las empresas que hagan ERTE de despedir, repartir dividendos y realizar horas extraordinarias.

Los trabajadores afectados por ERTE seguirán teniendo acceso a la prestación sin periodo de carencia, no les computará el periodo consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivaldrá al 70% de la base reguladora.

Sin embargo, introduce un mecanismo automático de cambio entre los llamados ERTE de impedimento y de limitación para que se pueda transitar entre ambos tipos de ERTE sin necesidad de autorización administrativa. Por lo demás, el planteamiento del Gobierno es renovar en bloque todos los mecanismos actuales de protección de trabajadores y empresas, si bien no se descarta que se sumen nuevos sectores a la categoría de 'ultraprotegidos'.