Gas Natural Fenosa ha iniciado un arbitraje internacional contra Colombia presentando una demanda ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés) por la decisión de liquidación de su filial Electricaribe, según ha comunicado la propia compañía. 

En concreto, el objetivo de la demanda por parte de la energética presidida por Isidre Fainé es que se le devuelva Electricaribe, en la que posee una participación del 85%, con un marco regulatorio viable o, en su defecto, se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, con arreglo a valoraciones preliminares, superará los 1.000 millones de dólares, aproximadamente unos 927 millones de euros.

Contra la ausencia de trato equitativo

En la solicitud presentada, Gas Natural Fenosa se alza contra la ausencia de "trato equitativo y de seguridad jurídica" en la actividad regulada en los últimos años; contra la toma de posesión que constituye "una expropiación sin indemnización"; y contra "el hostigamiento sobre un inversor internacional y las personas a su servicio". Sin embargo, mantiene todavía su voluntad de continuar dialogando y resolver por "vía amistosa" sus diferencias con Colombia mediante los instrumentos establecidos en Derecho Internacional al acudir al arbitraje.

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), al igual que el Ciadi del Banco Mundial, está reconocido como un foro adecuado de resolución de diferencias en el Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Colombia y España.

Para Gas Natural, la intervención y liquidación de Electricaribe, a pesar de que en julio pasado se iniciaran las conversaciones para cerrar el conflicto de manera amistosa, “son contrarias al proceso de diálogo” entre las dos partes. La multinacional catalana recuerda las “especiales condiciones” con las que ha tenido que prestar el servicio y que han sido “obviadas” por Colombia, en referencia a las fuertes tensiones de tesorería como consecuencia del impago de un elevado número de facturas de clientes, que a finales del tercer trimestre del 2016 ascendían a un importe de 1.260 millones de euros, aproximadamente, un 83%.