El Govern abonará este mes de noviembre el aumento adicional del 1,5% del sueldo de los empleados públicos pactado entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO, según ha informado este miércoles. El incremento se suma al aumento del 2% que se aplica desde principios del 2022, y que tiene como objetivo "paliar los efectos de la inflación" en el poder adquisitivo de los empleados públicos. Tal como ha indicado el ejecutivo catalán, el pago se hará de forma retroactiva, y lo recibirán en la nómina del mes de noviembre al personal de los departamentos de la Generalitat, las entidades autonómicas, el CatSalut y el ICS. Con respecto al resto de entidades, el pago se hará efectivo antes del 31 de diciembre de 2022. El Govern ha destinado 142,7 millones de euros al pago del mes de noviembre.

Hasta el 9,5% en tres años

A finales del mes de septiembre pasado, el Gobierno mejoró la subida salarial a los funcionarios hasta el 9,5% en tres años, entre el 2022 y en el 2024. Es decir, un incremento de hasta el 7,5% repartido entre el 2022, en el 2023 y en el 2024, que llega al 9,5% si se suma el 2% que los salarios públicos ya han subido este año. Una propuesta que llegaba después de la que ya hizo María Jesús Montero, que planteaba subir los salarios de los funcionarios un 1,5% extra este año y un 2,5% en el 2023. El Ministerio de Hacienda mantiene el 1,5% adicional de subida con incremento retroactivo para este 2022, que se suma al mencionado 2% que ya han obtenido los funcionarios públicos en este ejercicio. Entonces, la mejora es en la subida salarial del 2023: un incremento del 2,5% fijo más dos variables, que contemplan un 0,5% vinculado a la inflación acumulada de los años 2022 y 2023 siempre que supere el 6%. También hay que sumar otro 0,5% vinculado al PIB, en este caso si supera el 5,9%. Para el 2024, se propone que los funcionarios reciban una subida del 2% fija y un 0,5% variable si el IPC acumulado del 2022, 2023 y 2024 supera el 8%.

Las condiciones de CCOO

CCOO explicó en su momento que aceptaba la oferta salarial supeditada a cerrar un acuerdo que prevea el resto de mejoras de condiciones de trabajo -recuperación de derechos sindicales, el derecho a la negociación colectiva, eliminación de restricciones para la implantación de la jornada de 35 horas, entre otros. Por ejemplo, el texto también incluía la percepción íntegra del salario en caso de incapacidad temporal o la recuperación de la jubilación parcial anticipada de los funcionarios. La otra central sindical que dio el visto bueno a la propuesta del ministerio de Hacienda, UGT, argumentó que la subida salarial "amortigua de manera razonablemente realista" los efectos del alza de precios para el casi tres millones de empleados públicos del Estado.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública celebró un acuerdo que se alcanzó "por mayoría absoluta" y que fue fruto "de un diálogo intenso y constante". Al mismo tiempo subrayó que el pacto alcanzado en el sector público "puede contribuir a alcanzar un pacto de rentas al diálogo social". El ejecutivo también destacó que el pacto permite recuperar los derechos laborales que fueron "recortados" en el 2012, y manifestó que la subida beneficiará a 2.717.570 trabajadores públicos, de los cuales 513.721 del sector público estatal y 1.611.697 del sector público autonómico, además de 592.152 de las entidades locales.