Los funcionarios del Estado español cobrarán la subida salarial adicional del 1,5% para este año a las nóminas a partir del próximo mes noviembre, que incluirá los atrasos desde enero ya que la medida se adopta con efecto retroactivo. Así pues, el Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes esta subida salarial, que se suma al alza del 2% en vigor desde el 1 de enero y que fue acordada con los sindicatos para "dar respuesta al agravamiento de la situación económica por el estallido de la invasión de Ucrania", apunta a Hacienda en un comunicado.

Sube un 3,5% total

Esta subida retroactiva "excepcional" se aplicará sobre el sueldo el 31 de diciembre de 2021 a todas las administraciones públicas, incluidas comunidades autónomas y entidades locales, y se consolidará, de manera que la subida salarial del 2022 llegará al 3,5%. La norma establece, además, las reglas para que comunidades autónomas y entidades locales materialicen el pago, que en el caso de estas últimas prevé la incorporación del alza salarial a los créditos presupuestarios del próximo ejercicio. La negociación entre Hacienda y los sindicatos condujo a un acuerdo para incrementar un 8% el salario de los empleados públicos en el periodo 2022-2024, una cifra que podría alcanzar el 9,5% si se cumplen criterios variables -un 9,8% en términos reales, teniendo en cuenta el efecto de la consolidación.

¿Y en el sector privado?

Esta retasación salarial, que se incluirá en un real decreto muy próximo, se sufragará con la mejora de los ingresos tributarios de este año, que superan el previsto inicialmente. Esta medida choca con la del sector privado donde muchos convenios todavía están pendientes de negociación y ya han provocado el malestar de trabajadores, pero también de empresarios. Por una parte, los trabajadores que piden esta equiparación salarial y de la otra los empresarios que aseguran que si los convenios se tienen que cerrar de acuerdo a la subida del IPC, muchas empresas se verán obligadas a cerrar. En paralelo, también han subido la voz contra La Moncloa, especialmente por las declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha posicionado a favor de estas equiparaciones y cargó duramente contra los empresarios después de las vacaciones de verano.

En paralelo, hay que recordar que el próximo año el Gobierno revalorizará las pensiones con el IPC medio de este año, que previsiblemente se situará al 9%. De esta manera, pretende subir seis puntos y medio más que los salarios. El sobrecoste que tendrá esta medida para el Estado llegará a los 16.200 millones, según la estimación del Banco de España. El organismo calcula que cada punto adicional del IPC supone un gasto adicional de 1.800 millones de euros. Además, al subir todas en el mismo porcentaje (9%), serán las pensiones más altas las que más gasto adicional supongan. Las voces expertas en economía admiten que era una carpeta pendiente que se tenía que cumplir, pero alertan de la viabilidad de esta medida a largo plazo. A más, la situación de crisis económica en las puertas de unas elecciones municipales y otras de generales en el 2023, hacen pensar en qué cambios se sufrirán a largo plazo, más allá de lo que se cierre de forma inmediata para estos próximos meses.