Foment del Treball considera "inmoral, populista y demagógico" el nuevo impuesto de las grandes fortunas planteado por el Gobierno que gravará la riqueza neta superior a los tres millones de euros. La patronal ha criticado que el tributo se haya planteado desde un debate "ideológico" y no desde una perspectiva de política fiscal. "Supone una recentralización y va en contra de la capacidad normativa de las comunidades autónomas sobre los impuestos cedidos", ha advertido. Foment también alerta de que este impuesto puede expulsar los patrimonios individuales y perjudicar la creación de riqueza. "Puede hacer mucho daño a España sin obtener ningún beneficio. Se trata de un impuesto confiscatorio que acabará siendo declarado inconstitucional", ha señalado.
Más allá de este tributo, la patronal ha insistido al Ejecutivo adoptar otras medidas "más eficientes" como deflactar la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de acuerdo con la inflación. De hecho, recuerda que la recaudación del IRPF de los siete primeros meses de 2022, con respecto al año pasado, ha incrementado en más de 10.000 millones de euros, en su mayor parte explicado por el aumento de precios.
Nuevo importe
El nuevo importe, que fue anunciado este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se aplicará el próximo año y en el 2024, y constará de tres tramos: entre 3 y 5 millones de riqueza neta se aplicará un tipo fiscal del 1,7%; entre 5 y 10 millones, un 2,1%; y por encima de los 10 millones uno 3,5%. Con este impuesto, el Gobierno espera recaudar 1.500 millones de euros. Montero ha afirmado que la obligación de pagar el nuevo gravamen sobre grandes fortunas entrará en vigor el 1 de enero del 2023 y está previsto que se alargue hasta el 2024. El nuevo tributo viene acompañado por la elevación de un punto, hasta el 27%, la tributación de las rentas del capital en el IRPF superior a 200.000 euros, mientras que para las plusvalías superiores a 300.000 euros se elevará hasta el 28%, dos puntos más.
Crisis energética
El Congreso aprobó este jueves la propuesta del Gobierno de volver a dejar en suspenso las reglas de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con el marco dispuesto por la Comisión Europa en el actual contexto de crisis energética por la guerra en Ucrania. La propuesta salió adelante con los votos favorables de PSOE, Unides Podem, Esquerra Republicana, Ciudadanos, PNV, EH-Bildu, Más País-Equo, Coalición Canaria, PRC y Teruel Existe. El Partido Popular, Junts y la CUP se abstuvieron y Vox y Fòrum Asturias votaron en contra.