Fitch ha vuelto a tomar cartas en el asunto. Tras asumir el pasado mes de abril que "el referéndum procederá tal como está planeado", la agencia de calificación crediticia ha alertado este viernes del "gran poder" del gobierno central para intervenir en Catalunya. Más concretamente, ha puesto sobre la mesa de debate la posibilidad de suspender algunos cargos políticos del govern así como recortar la financiación para contrarrestar la cobertura de los costes del referéndum. 

Según su último informe, "las relaciones con el Gobierno central son muy importantes para el perfil de crédito de Catalunya, ya que la región depende en gran medida del apoyo de liquidez, fundamentalmente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y de los anticipos de tesorería para atender gastos inaplazables". Dado el contexto actual de actividad parlamentaria en Catalunya, la agencia norteamericana se atreve incluso a pronosticar cuál será el resultado del referéndum: "la separación de Catalunya de España es poco probable". Aunque dentro del 'poco' ya se incluye tal posibilidad.

Escalada de hostilidades

La cosa no acaba aquí. Fitch también ha advertido que "una escalada significativa de hostilidades puntuaría negativamente a Catalunya si el apoyo de la liquidez del gobierno central se debilita y compromete la capacidad de deuda de la región". Todavía más, "la confrontación política que podría traducirse en la reducción o retirada del apoyo estatal a medio plazo refleja muchos riesgos para Catalunya, dado su débil desempeño presupuestario, el alto endeudamiento y los riesgos de refinanciación". 

Por último, Fitch ha ratificado y recordado que a finales de 2015, Catalunya fue calificada por la propia agencia con un rating BB con perspectiva negativa. O lo que es lo mismo, categoría de bono basura sin inversión para poder comprar deuda y propenso a los cambios de la economía. ¿El motivo? De nuevo, el empeoramiento de las relaciones con el gobierno central. Sin embargo, constata que el apoyo a la liquidez se ha mantenido (almenos, a medio plazo) y que una mayor descentralización y autonomía fiscal así como una "normalización de sus relaciones políticas" podría resultar positivo para Catalunya de acorde su "fuerte economía y base impositiva".