Los empresarios y propietarios han exigido a las administraciones endurecer la legislación con el fin de reducir las ocupaciones, a las que han definido como delincuenciales, de manera que los propietarios tengan la posibilidad de ejecutar los desalojos "inmediatamente". Así lo han pedido este lunes por la mañana en una rueda de prensa protagonizada por el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, el presidente de la Asociación de Propietarios de Catalunya, Sergi Llagostera, el miembro de la Comisión Jurídica de la patronal, Emilio Zegrí, y la responsable de Relaciones Institucionales de la patronal, Montse Surroca. Durante su intervención Sánchez Llibre ha alertado del aumento del 18% de las ocupaciones de viviendas en 2021, hasta 13.389 casos en España, el 42% de los cuales, 5.589, en Catalunya, y advertido de la existencia de una "situación de alarma social" por este incremento, dando el apoyo de la patronal a las propuestas presentadas por el Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) y la Asociación de Propietarios de Catalunya.
Esta propuesta del Icab y los propietarios se basa en la reforma del Artículo 13 de la Ley de enjuiciamiento criminal para permitir los desalojos inmediatos, además de un cambio de la Ley del régimen de bases locales para dar atribuciones a los ayuntamientos para coordinar los cuerpos de seguridad y la Ley de propiedad horizontal para dar legitimación para actuar a las comunidades de propietarios. En esta línea, Zegrí ha anunciado que el PDeCAT prevé llevar estas modificaciones al Congreso de los Diputados en septiembre y ha asegurado que "no puede ser que las administraciones trasladen el problema a los ciudadanos".
Un negocio para las "mafias organizadas"
Durante su intervención el presidente de Foment también ha añadido que este tipo de ocupaciones "se están convirtiendo en un gran negocio para las mafias organizadas" y ha apuntado que de esta manera se replicarían leyes de otros países europeos donde los desalojos son inmediatos. Por su parte, Llagostera ha lamentado el "abandono total y absoluto" de las administraciones en este campo y ha apuntado el perjuicio que se provoca a los propietarios. Asimismo, ha señalado que las consecuencias de estas ocupaciones "no las sufren los grandes propietarios", aunque no ha podido ofrecer datos sobre el porcentaje de ocupaciones que afecta pequeños y medios propietarios o de ocupaciones en viviendas habituales. Zegrí, por su parte, ha señalado que "no es una cuestión de emergencia social, es un problema de ocupación delincuencial" y ha recordado que el código penal protege adecuadamente la propiedad privada, aunque el colapso en los juzgados retrasa los desalojos.
Surroca ha explicado que Foment del Treball prevé hablar con todos los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados para que den apoyo a la proposición de ley que presentará el PDeCAT. Por otra parte, Zegrí ha admitido que es "prácticamente imposible" saber si una ocupación es de emergencia social en el momento de desalojar, mientras que Llagostera ha recordado que los jueces gritan a los servicios sociales en cada actuación para que la administración pueda acoger a las personas en caso de vulnerabilidad.