El precio de la luz volverá a bajar este viernes, pero seguirá por encima de la barrera de los 200 euros el megavatio hora (MWh). Concretamente, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista bajará sólo un 2,1%, hasta los 203,54 euros el MWh, lo que supondrá la novena jornada consecutiva por encima de los 200 euros.

A pesar de esta ligera bajada y a estar todavía en niveles muy altos, el precio de la luz ha conseguido estabilizarse esta semana, la primera vez en meses en la cual no se encadena un récord detrás del otro, según los datos del operador de mercado eléctrico OMIE. En concreto, el precio de este viernes será el duodécimo día más caro de la historia, aunque lejos de los 288,53 euros/MWh que se consiguieron el 7 de octubre y que, hasta hoy, marcan el récord absoluto.

Con respecto a hace una semana, cuando el precio de la electricidad en el mercado mayorista español estaba en 231,82 euros/MWh, la caída es del 12,19%. No obstante, si lo comparamos con el mismo día del año pasado (45,22 euros/MWh), el precio de la electricidad se ha multiplicado por más de cuatro (350,11%).

Si miramos el precio de cada hora del día, el precio más alto de este viernes se dará, sorprendentemente, entre las nueve y las diez de la mañana con 255,5 euros/MWh, mientras que el más bajo se registrará entre las cuatro y las cinco de la tarde cuando el precio sea de 173,27 euros/MWh.

Manifestación en Madrid

Entidades y colectivos sociales y ecologistas han convocado para el jueves que viene, 28 de octubre, una manifestación a Madrid para denunciar la subida de los precios de la luz y el gas, de la cual culpan las eléctricas, y para exigir responsabilidades al Gobierno.

Según han informado este jueves, entre los convocantes podemos encontrar Ecologistas en Acció, Alianza contra la Pobreza Energética, Greenpeace, Fridays for Future Madrid, Amigos de la Tierra, Yayoflautas Madrid, CGT, Anticapitalistas y los sindicatos de inquilinos de Catalunya y Madrid.

Los convocantes han elaborado un manifiesto en el cual reclaman al Gobierno que cumpla sus compromisos y obligue a las empresas comercializadoras a consultar a los servicios sociales sobre la situación de las familias antes de cortar la luz, el agua o el gas y se les garantice el suministro mientras estén en situación de vulnerabilidad y durante el tiempo que sea necesario.

Consideran que el "mínimo vital eléctrico" aprobado por el Gobierno solo afecta al suministro eléctrico (no a los otros suministros esenciales) y limita a un plazo de 10 meses la prohibición de cortes, sin atender la situación de las personas transcurrido este tiempo.