El Departament d'Economia ha ordenado a las conselleries una contención del gasto exceptuando las partidas de personal, los servicios básicos como por ejemplo la educación, la atención primaria de salud, las políticas de atención a la inmigración y las familias; y las inversiones que ya estaban comprometidas. A las empresas públicas, que tienen autonomía financiera, les ordena un ajuste presupuestario estimado del 6%. Además, la orden del vicepresident del Govern, Pere Aragonès ―que salió publicada en el DOGC martes pasado― establece que si hay algún gasto inaplazable, se pueda llevar a cabo siempre y cuando esté autorizado por el Departament d'Economia.
En cuanto a las empresas públicas, que tienen autonomía financiera, la orden señala que en caso de que una entidad tenga que atender "necesidades urgentes e inaplazables" y no pueda ejecutar el ajuste, este se haga en el resto de entidades de su ámbito de actuaciones.
Fuentes del Departament d'Economia han explicado que se trata de un ajuste "flexible" y han atribuido esta medida al hecho de que el Govern no haya actualizado el anticipo para este año 2019 y se tenga que trabajar con el del 2018 prorrogada, que es más baja. La Generalitat también ha pedido los ingresos derivados de la modificación de la norma del Suministro Inmediato de Información del IVA correspondiente al 2017 y a percibir en el 2019. De no resolverse, advierte Economia, supondría "una pérdida de ingresos importante".
El ejecutivo de Pedro Sánchez, actualmente en funciones a la espera de sí finalmente hay un acuerdo para la investidura, no ha comunicado las cantidades a las comunidades. Por este motivo, la Generalitat ha publicado esta orden ante el riesgo de no ampliar el déficit y preservando los servicios básicos.