Cada catalán tendría que trabajar 131 días sin cobrar para poder pagar la deuda autonómica y 233 días más para afrontar la parte proporcional de la deuda que corresponde principalmente a la administración central y a los fondos de la Seguridad Social. En total, 364 días o lo que es lo mismo un año menos un día. Esta es una de las grandes conclusiones que se extrae de "El Observatorio de la deuda pública" realizado por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). En el caso concreto de la deuda autonómica, Catalunya es la tercera que más tiempo tendría que pagar justo después del País Valencià con 154 días y de Castilla la Mancha con 132 días. Y en el otro lado del ranking, se encuentran el País Vasco y la Comunidad de Madrid, donde en ambos casos los ciudadanos tendrían que trabajar sólo 53 días gratis para poder pagar su deuda.

Por otra parte, si se tiene también en cuenta la deuda del Estado y los fondos de la Seguridad Social, Catalunya es la sexta comunidad que menos días tendría que trabajar sin cobrar para poder secar el conjunto de la deuda. Nuevamente por delante, se encuentran Madrid con 255 días y el País Vasco con 262 días pero esta vez también Navarra con 292 días, La Rioja con 316 días y Aragón con 332 días. En el otro extremo, quien más días tendría que trabajar sin remuneración son Extremadura con 484 y Castilla la Mancha con 482.

Gráfico de la deuda autonómica y común realizada por el AIReF.

En este sentido, otro resultado interesante del estudio que pretende "difundir los beneficios de la sostenibilidad de las cuentas públicas" es que los madrileños y los vascos son los que menos días tendrían que estar sin cobrar para poder limpiar la deuda autonómica y común.

Más allá del 2040

Pero las conclusiones no se acaban aquí. El AIrEF también augura que Catalunya no cumplirá con el techo de deuda del 13% del PIB fijado por la ley de estabilidad presupuestaria hasta pasado el 2040. O lo que es lo mismo, 24 años de ahora en adelante y quien sabe si unos cuantos más. Un pronóstico temporal que según la autoridad española, también comparten Castilla la Mancha, Murcia y el País Valencià. Por su parte, la administración central y los fondos de la Seguridad Social así como el conjunto de comunidades autónomas alcanzarían el límite fijado del 44% y el 13% del PIB, respectivamente, en torno al 2036.

Y precisamente en 2036 sería también el año en qué el conjunto de las administraciones públicas llegarían al límite de deuda del 60%, muy lejos del 2020 que es el que fija la Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Estabilidad. Una diferencia que evidencia que la ley y la estimación se encuentran al menos en este caso, 16 años lejos.