La Audiencia de Barcelona ha avalado la decisión del juez instructor de enviar a juicio a los exdirectivos de Catalunya Caixa Narcís Serra y Adolf Todó por un delito de administración desleal a causa de los sobresueldos que cobraron mientras la entidad era sostenida con fondos públicos.
Más concretamente, la sección 21 de la Audiencia ha desestimado los recursos que presentaron 11 de las defensas contra el acto en que el juez instructor concluyó que había indicios suficientes para enviar a juicio al expresidente de Catalunya Caixa Serra y el exdirector general Todó. Además, también se ha acordado mantener como imputados a una cuarentena de miembros del consejo de administración de la entidad que aprobaron las remuneraciones extras. La confirmación del acto abre a partir de ahora el plazo para que la Fiscalía y las acusaciones personadas, entre las cuales figura la CUP, puedan presentar sus escritos de calificación, paso previo en que el juez siente en el banquillo a los acusados.
Una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción
La causa contra Serra y el exdirector general Todó parte de una denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción por la aprobación, en enero y octubre de 2010, de sendas resoluciones para aumentar el sueldo de sus directivos, aunque la entidad se encontraba en una situación crítica al haberse visto obligada a pedir 1.250 millones en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Una cantidad que según queda patente en el acta, "anticipó mediante la suscripción de participaciones preferentes", posteriormente ampliada hasta un total de 12 millones. Inicialmente, la denuncia iba dirigida contra 54 miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa, pero el juez la archivó contra una docena de ellos, después de comprobar que no dieron apoyo a las retribuciones de la cúpula directiva en las votaciones internas.
En este sentido, la Audiencia ha ratificado la resolución que el juez instructor dictó en diciembre de 2014. Según su opinión, el consejo de administración de la entidad financiera aprobó los incrementos retributivos "con aparente abuso de su cargo y en perjuicio de la entidad", ya que no eran conformes a la situación real de Catalunya Caixa ni a la grave situación de crisis económica por la que pasaba.
Una situación "especialmente delicada"
De la documentación incorporada a la causa se desprende que la situación financiera de la entidad era "especialmente delicada". Entre el 2007 y el 2009 sus beneficios se redujeron significativamente, en el 2010 se aprobó un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a más de 1.300 trabajadores (y 300 posteriormente) y el Banco de España autorizó la fusión de tres entidades para garantizar su "viabilidad". Un "contexto económico" que según la Audiencia, las retribuciones de los máximos directivos de la entidad, entre ellos Todó y su adjunto Jaume Masana, "aumentaron considerablemente en perjuicio de los intereses de la entidad y en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea y el FROB".
Para el tribunal, en 2010, cuando Narcís Serra presidía la entidad, se establecieron cláusulas por rescisión anticipada, de prejubilación, retribuciones variables y pagos de pensiones mediante políticas que "suponían importantes retribuciones económicas". De esta forma, tal como se añade en el acta, Todó experimentó un incremento de 212.000 euros en su sueldo fijo, mientras el variable aumentó del 35% al 50% del sueldo fijo, en virtud de los acuerdos que el consejo de administración de Catalunya Caixa aprobó en enero de 2010. También Masana vio incrementado su sueldo, mientras que su retribución variable creció del 35% al 45% del sueldo fijo.
Una vez la entidad ya estaba intervenida con fondos públicos, el consejo de Catalunya Caixa aprobó en octubre de 2010 una subida salarial para 2011 de los miembros del comité de dirección. En base a ello, el sueldo de Todó pasó de 800.481 a 812.501 euros y el de Masana de 598.428 a 601.201. Según la Audiencia, unos "hechos, datos y circunstancias" que "justifican la prosecución de la causa" penal abierta, "al permitir concluir que la conducta concreta" de los encausados "reúne a primera vista los elementos objetivos de tipicidad que exige el ilícito penal" del delito contra la administración pública.
La CUP mantendrá la acusación
Por su parte, el diputado de la CUP Albert Botran ha expresado su satisfacción porqué tanto Sierra como Todó sean juzgados, por lo que ha asegurado que se mantendrán como acusación popular al considerar que la entidad financiera fue "saqueada" por sus acusados.
Después de agradecer a la militancia que denunciara el pago de sobresueldos entre los directivos de Catalunya Caixa "sus esfuerzos, gracias a los que hoy vemos que ha dado frutos", Botran ha hecho suyas las palabras del exdiputado de la CUP David Fernández, que en sede parlamentario cualificó Serra y Todó de "ladrones, estafadores y cleptómanos". Reitera pues que el hecho de que ambos exdirectivos aumentaran sus retribuciones económicas conociendo la grave situación en la que se encontraba la entidad que dirigen, "no puede calificarse con otro nombre que no sea el del saqueo" de los recursos de la entidad de ahorro.