Tras largos días de rumores y especulaciones sobre el qué y el cuándo, el Colegio de Comisarios ha decidido adoptar este jueves un dictamen negativo acerca de las medidas tomadas por el Gobierno para cumplir con los objetivos de déficit público pactados con la UE. Ni mucho menos es definitivo pero si un primer paso en el proceso para multar a España con hasta 2.000 millones de euros, lo que supondría cerca del 0,2% de su PIB y la congelación de parte de los fondos comunitarios que le corresponden si no consiguen demostrar que el desfase se debe a "circunstancias económicas excepcionales". 

El ministro de Economía en funciones, Luis De Guindos, viajó este miércoles a Estrasburgo tan convencido de que "no va haber multa" que en sus reuniones con el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ni tan si quiera sacó el tema. Simplemente lo rodeó con escenarios presupuestarios y procedimientos de déficit. Y aunque prefirió dejarse la sanción en casa, parece que se la han traído por correo urgente.

Sin medidas efectivas

El documento de la Comisión certifica sin dar pie a más dudas que España "no ha tomado medidas efectivas" para cumplir con las recomendaciones y las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que además ha superado por "un amplio margen" su compromiso que era del 4,2% y acabó cerrando un desfase del 5,1% en 2015. "Incluso se relajó" y "el esfuerzo fiscal acumulado en el periodo entre el 2013 y el 2015 se estima del 0,6% del PIB, muy por debajo del 2,7% recomendado por el Consejo" constata el informe. 

Por otra parte, Bruselas también critica que la rebaja del IRPF implementada por el gobierno de Mariano Rajoy y las desviaciones en el gasto no han hecho otra cosa que "empeorar el balance estructural" con una pérdida de ingresos de casi el 0,4% del PIB. 

Y teniendo en cuenta que no se ha cumplido con los esfuerzos fiscales recomendados para corregir el desvío, por lo que resulta poco "realista" que vayan a cumplirse este 2016. Y a partir de ahora solo queda esperar al próximo Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) que tendrá lugar el martes, 12 de julio y en donde los 28 representantes del organismo comunitario debatirán, examinarán y tomarán una decisión acerca del dictamen. Sea cual sea, es necesaria una mayoría cualificada. 

Un toque de atención

Si el Consejo lo valida se iniciará un plazo de 20 días para que la Comisión proponga la sanción, que a su vez incluye otro plazo de diez días para que España presente las alegaciones que considere oportunas para justificar sus circunstancias excepcionales. Que sin lugar a dudas, serán muchas y muy variadas. Desde el gran esfuerzo realizado al crecimiento económico más elevado de toda la UE. 

Y es que a pesar de que con el calendario en la mano, el Colegio de Comisarios podría proponer la sanción en su última reunión previa al parón veraniego del próximo 27 de julio, el gobierno de España se muestra todavía muy confiado. Por mucho que se haya empezado el proceso, su impresión es que no deja de ser un toque de atención simbólico para "castigar su pecado pasado, pero teniendo la vista puesta en su futura redención". Un susto que no tiene por que ir a más si Bruselas decide cancelar la sanción o reducirla a cero atendiendo a las peticiones de España. 

Tanto Dombrovskis como Moscovici se han mostrado confiados que los ministros de Economía europeas "confirmaran pronto" el veredicto del informe a la vez que han querido tender la mano a las autoridades españolas para definir "el mejor camino a seguir". Un primer paso que deja todavía la puerta abierta a un "entendimiento común" siempre y cuando se aclaren "los compromisos políticos que hay que asumir". Tan abiert que el francés ha llegado a asegurar que "las sanciones, o las consecuencias financieras que se pueden definir pueden ser igual a cero. Y esto no es una interpretación creativa, es parte de las reglas".