La justicia andorrana investigará la denuncia hecha por Higini Cierco –accionista mayoritario, junto a su hermano Ramon, de la intervenida Banca Privada de Andorra (BPA)– acerca de las presuntas coacciones y amenazas de "mandos policiales españoles" para conseguir información bancaria de Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras vinculado a lo que hoy se conoce como caso Pujol u Operación Catalunya. Así lo ha dictaminado la jueza instructora del caso BPA, Canòlic Mingorance, quien a su vez enviará la nueva información surgida de la declaración de los Cierco al instructor encargado de la revelación de secretos bancarios del caso Pujol.
Conscientes del peligro de la advertencia en la que se les instaba a colaborar o de lo contrario, el banco "moriría", los responsables de la entidad financiera decidieron proporcionar a la policía española una informació que fue determinante para la confesión de Pujol datada del 25 de julio de 2015. Y es que "el resultado de los datos que se facilitan es la publicación de una información en un rotativo español que obliga al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a admitir la existencia de una herencia depositada en el extranjero" ha asegurado el Grup Cierco, en la que se recalca también que BPA no tuvo nunca más de 5 millones de la familia Pujol.
Medio año después de que estallara el caso Pujol, el todavía presidente en funciones de España, Mariano Rajoy organizó un viaje inédito a Andorra. Una estada de dos días- 7 y 9 de Enero del 2015- convertían a Rajoy en el primer presidente español que viajaba al Principat en visita oficial. Tanto el mismo Rajoy como el jefe de govern andorrà, Antoni Martí negaro que el cas Pujol fuera uno de los motivos del encuentro que supuestamente tenía sobre la agenda temas estrictamente empresariales.