El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado en el marco de la Operación Tándem la citación como investigadas de Repsol y CaixBank por un presunto delito de soborno y de revelación de secretos por su presunta participación en la contratación del comisario Jose Manuel Villarejo para llevar a cabo una investigación sobre el presidente de Sacyr, Luis del Rivero y su entorno.
En su auto, el juez cita a las dos entidades investigadas a una comparecencia para comunicar los delitos imputados a sus representantes. Una vez celebrada esta comparecencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 citará para tomar declaración a los representantes designados por Repsol y CaixaBank el próximo 26 de julio.
En el mismo escrito, García Castellón indica que en este momento de la investigación queda indiciariamente acreditado que las dos compañías, a través de sus responsables de seguridad, realizaron un encargo directo en Villarejo, cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía para investigar en Luis del Rivero y su entorno. Esta investigación, añade al magistrado, se habría utilizado para frustrar el pacto que Luis del Rivero, a través de Sacyr, había conseguido con la empresa mexicana Pemex para tomar el control de Repsol, compañía en que CaixaBank era accionista mayoritario.
De la misma manera, el juez considera indiciariamente acreditado que las dos compañías, actuando conjuntamente, accedieron a las llamadas telefónicas realizadas por Del Rivero y personas de su entorno. En este caso concreto, el auto del juez indica que las facturas emitidas por Villarejo en ejecución de los trabajos de investigación encargados fueron abonadas por CaixaBank y Repsol, "poniendo de manifiesto que la actuación de los investigados se llevó a cabo en todo momento en nombre y por cuenta de la misma compañía".
El juez aprecia dudas sobre la diligencia utilizada por las dos entidades en la contratación de los servicios de Villarejo y para eso destaca dos extremos: la legalidad del servicio contratado y la condición de funcionario público de José Manuel Villarejo. Tanto CaixaBank como Repsol remitieron en su momento documentación en la cual ambas aludían a la legalidad de la contratación de la empresa Cenyt justificándola en la convicción de qué se trataba de servicios de seguridad privada.
El juez aprecia una grave decisión en la diligencia exigible para constatar que Cenyt nunca estuvo habilitada para ejercer actividades de seguridad privada al tratarse de una comprobación que puede efectuarse a través de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional. Para el magistrado, resulta especialmente chillón que no se practicara esta comprobación cuando los dos jefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank que contrataron a Villarejo habían sido jefes de la Unidad Central de Seguridad Privada de la policía española (en el caso del jefe de Seguridad de Repsol) y jefe superior de Policía a Galicia y Catalunya en el caso del responsable de Seguridad de CaixaBank.
Añade que los dos, aunque no se encontraban en activo, tenían que conocer el escalafón de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía para saber que José Manuel Villarejo ejercía como policía en activo cuando las dos compañías investigadas contrataron sus servicios.
Finalmente, García Castellón concluye que la falta de diligencia debida de estas dos compañías, con incidencia en el resultado delictivo investigado exige, "como menos que las entidades responsables expliquen en sede judicial por qué pudo producirse esta situación".