El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga CaixaBank como persona jurídica por un delito de blanqueo de capitales, al atribuir a diez de sus sucursales próximas al polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), haber ayudado supuestamente a tramas chinas como Emperador y Snake a blanquear dinero. Este proceso deriva del relacionado con el banco chino ICBC.

En un auto, el magistrado explica que los directores de las sucursales implicados permitieron el uso de testaferros y actividades económicas no justificadas con repetición de un patrón falsario de ingresos en efectivo para eludir a Hacienda y sin controlar a los clientes. Según el documento, las sucursales de Caixabank habrían desatendido varios requerimientos judiciales sobre clientes que siguieron transfiriendo 31,7 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 considera que las oficinas investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente "como canales de blanqueo de dichas organizaciones, aun cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban".

Tras conocerse la investigación a CaixaBank como persona jurídica, la entidad ha emitido un comunicado en que niega "cualquier tipo de colaboración o participación" en el delito de blanqueo descrito y ha subrayado que tiene "una fuerte y comprometida cultura de cumplimiento normativo" y que "cumple y ha cumplido en todo momento con la normativa vigente en materia de prevención". El juez ha citado a la entidad el 26 de abril a las 10.30.

Investigación a ICBC

Según el auto, a raíz de la investigación a ICBC (Industrial And Comercial Bank Of China) por conductas de blanqueo al servicio de organizaciones criminales de ciudadanos chinos, el Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil y el SEPBLAC detectaron comportamientos irregulares de determinadas sucursales de CaixaBank de 2011 a 2015 para ayudar presuntamente a personas físicas y sociales de nacionalidad china a aprovecharse de las ganancias ilícitas de sus defraudaciones y contrabando de mercancía.

Estas organizaciones generaban unas masivas remesas de dinero en efectivo procedentes de delitos contra la Hacienda Pública, y en menor medida contra la Propiedad Industrial y contrabando, "en cuya bancarización sin riesgos de ser descubiertos, aprovechamiento y ayuda para transferir sus fondos a China han intervenido entidades bancarias como CaixaBank e ICBC Sucursal España".

Según el juez Moreno, entre los años 2013 y 2015 distintos juzgados de localidades de Madrid y de la Audiencia Nacional que investigaban los casos 'Emperador' y 'Snake', entre otros, realizaron diversos requerimientos a las sucursales del banco para averiguar el patrimonio ilícito de los clientes investigados.

Caso omiso a las advertencias

Las sucursales implicadas, remarca el magistrado, "hicieron caso omiso" al hecho de tratarse de clientes requeridos por juzgados y fiscalías, y "auxiliaron a los titulares de cuentas en el aprovechamiento de sus ganancias ilícitas, bancarizando el dinero sin indagar su origen, aceptando cualquier papel o justificación que se les presentaba y facilitando su transferencia en importes pequeños que no debían ser comunicados al Banco de España".

Esos requerimientos judiciales, añade el juez de la Audiencia Nacional, "fueron desatendidos por CaixaBank, que no activó ninguna comunicación o alarma respecto al cliente en cuestión" y "no implementó las medidas necesarias de prevención".

Es más, acusa a los empleados y directivos de las sucursales de "desatender sus obligaciones de control y permitir que se operara como un grupo organizado". "La desatención a los requerimientos judiciales fue uno de los fallos más graves en el sistema de control", afirma.

El informe del SEPLBAC destaca que entre 2013 y 2015 el número de clientes de CaixaBank que han sido objeto de requerimiento judicial por delito de blanqueo, y que han realizado transferencias por valor de 99,1 millones de euros a China y Hong Kong, son 193 (76 personas físicas y 117 sociedades limitadas).

En el auto, el juez destaca que no se realizaron exámenes especiales tras recibir los requerimientos judiciales, ni tampoco comunicación al SEPBLAC, respecto de 165 de esos 193 clientes, que siguieron operando, transfiriendo un total de 31,7 millones de euros.

Importes inferiores a 50.000 euros

Las organizaciones investigadas dividían las remesas de dinero procedentes de sus ganancias ilícitas en cantidades más pequeñas, entre 20.000 y 35.000 euros. A veces se producían ingresos de efectivo simultáneos en el mismo día, hora y cantidad entre varias sociedades aparentemente desvinculadas entre sí y realizadas por su administrador de perfil testaferro.

Respecto a las transferencias a China y Hong Kong, el juez considera que los directivos y empleados de las sucursales investigadas "eran conocedores de los saldos diarios que se transferían y que sus importes eran siempre inferiores a 50.000 euros al objeto de eludir la obligación de declararlas conforme a la normativa del Banco de España y permanecer así los movimientos ocultos para el seguimiento de las operaciones de tráfico de divisas".

Para el juez Moreno, los hechos relatados describen graves fallos del sistema de control para la prevención del blanqueo de capitales que se habían puesto de manifiesto desde 2013 y que eran conocidos por todo el personal directivo de la entidad CaixaBank, "y en especial por el que fue su responsable de cumplimiento normativo al tiempo de los hechos".

Es por ello que el magistrado considera procedente incluir a la entidad como persona jurídica, sin perjuicio de los indicios de responsabilidad descritos en las diez sucursales investigadas, por hechos ajenos cometidos por sus empleados y directivos, basados en la responsabilidad "in elegendo, in vigilando o in instruendo" de los administradores respecto a los hechos cometidos por sus empleados.