La alcaldesa instructora del caso BPA, Canòlic Mingorance, ha dado por finalizada su investigación sin encontrar ninguna prueba para acusar a Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de BPA, por lo que ha propuesto archivar definitivamente la causa contra los dos hermanos y siete inculpados más. Sin embargo, la jueza también ha comunicado en el escrito judicial que sigue culpando 24 directivos y gestores de BPA por sus compensaciones monetarias, después que el departamento del Tesoro Americano junto con el Gobierno de Andorra presidido por Antoni Martí presentara una querella criminal contra varios exdirectivos de la entidad por blanqueo de capitales procedente de organizaciones mafiosas y terroristas. La falta de pruebas reabre la hipótesis y el debate de la conjura contra BPA para desviar la sospecha generalizada sobre el sistema financiero andorrano.
De ahora en adelante, la defensa de los todavía 24 encausados cuenta con un plazo de quince días para poder solicitar, en caso de que lo crea oportuno, nuevas diligencias antes de que el asunto pase al Tribunal de Corts que abrirá un nuevo juicio para estos directivos y gestores. En todo eso, el Grupo Cierco, que valora positivamente la decisión de archivar la causa en relación con los accionistas mayoritarios, seguirá trabajando para poder demostrar que BPA "siempre operó siguiendo la legalidad y la normativa vigente en cada momento en el Principado de Andorra".
De esta manera, mantiene "el convencimiento de la inocencia de todos y cada uno de los trabajadores del banco, hayan sido procesados o no". El mismo Ramon Cierco aseguraba en su declaración" que BPA actuó "bajo el paraguas legal andorrano a todas horas" y que "siempre que hizo falta" cooperó con organismos como el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIFAND)".