El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado este martes que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018, que ha sido aprobado por el Gobierno, incluye 4.300 millones de euros de entregas a cuenta para la financiación de las comunidades autónomas.
Montoro ha advertido de que esta cuantía debe financiar la educación, la sanidad y los servicios sociales, es decir, los servicios públicos fundamentales. También ha indicado que este proyecto de presupuestos cumple con el compromiso adquirido con los ayuntamientos para que puedan aplicar el superávit de 2017 en garantizar el acceso a estos servicios públicos y, por lo tanto, la calidad de vida de los ciudadanos.
Rebaja fiscal y pensiones
Con un techo de gasto de 119.834 millones de euros, un 1,3% más, los nuevos Presupuestos incluyen una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad y concentran las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y familias. En concreto, contemplan una rebaja del IRPF de unos 2.000 millones de euros, acordada con Ciudadanos, de forma que se reducirá el mínimo exento en el IRPF, que subirá de 12.000 a 14.000 euros al año para todos los contribuyentes. Además, habrá una rebaja adicional para quienes perciben entre 14.000 y 17.000 euros anuales.
A su vez, se incluye la bajada del IVA del cine del 21% al 10% y un aumento de 50 millones de euros para las becas y ayudas generales, hasta los 1.472,9 millones de euros, un 3,5% más que en 2017 y el mayor aumento desde 2014.
Salarios
Los PGE también incluyen medidas recogidas en el acuerdo suscrito entre Hacienda y sindicatos, que contempla un marco plurianual de incremento salarial para los empleados públicos para los tres próximos años, con una subida salarial fija del 1,75% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución del PIB. En total, la horquilla de alza salarial será de un mínimo del 6,9% y un máximo del 8,79%.
También se mantiene la jornada semanal de 37,5 horas, pero se contempla la posibilidad de que cada administración pública pueda establecer en sus calendarios laborales otras jornadas ordinarias.
En materia de oferta de empleo público, se eleva al 100% la tasa de reposición del 100% en sectores prioritarios y al 75% en sectores no prioritarios, a lo que se añade una bolsa adicional del 5% para los sectores que consideren necesario reforzar, con lo que se asegura creación de empleo neto.