La guerra por el alquiler de pisos turísticos sigue más abierta que nunca. Esta vez no ha sido el Ajuntament de Barcelona liderado por Ada Colau en su particular cruzada contra las viviendas de uso turístico ilegales sino un grupo de anfitriones de Airbnb que bajo el nombre "La Barcelona del siglo XXI" ha puesto en marcha una campaña para "sabotear" el consistorio e inundarlo con denuncias falsas de pisos no legalizados. En pie de guerra, han colgado carteles en las calles del Gòtic o el Raval así como en calles de gran afluencia como Portaferrissa, Avinyó o del Pi para "inhabilitar el sistema de delación promovido por el consistorio" y defenderse así de la "injerencia de las administraciones públicas."

Toda una declaración de intenciones que no pretende justificar "los pisos turísticos que molestan a los vecinos con conductos incívicas" pero sí reivindicar que la actividad permite obtener unos ingresos extra a personas con habitaciones libres que no consiguen pagar sus hipotecas y llegar a fin de mes. En este sentido, los propietarios aseguran que los pisos turísticos que molestan "son una minoría" y se amparan en que a pesar de las más de 26.000 ofertas de alojamiento que se encuentran en Airbnb, el Ajuntament recibe "tan pocas quejas" que tiene que "instar a los barceloneses a delatar a sus vecinos."

256 viviendas cerradas

Un intento de saboteo que tiene lugar la misma semana que el consistorio ha anunciado el cierre de 256 viviendas de uso turístico ilegal detectadas durante el mes de julio en Barcelona. Hace tan solo un mes y medio, el Ajuntament de Barcelona dio un golpe firme sobre la mesa de la economía colaborativa con un plan de choque formado por 20 medidas que pretenden luchar contra esta actividad sumergida. Más visualizadores para rastrear y detectar pisos, más inspectores, más herramientas de información y más colaboración entre ciudadanos, vecinos y turistas.

A modo de ejemplo, se ha habilitado una página web que pone a disposición de los ciudadanos un listado de pisos con licencia al mismo tiempo que informa de la existencia de posibles viviendas irregulares. Hasta el momento, se han recibido 375 denuncias que ya se están investigando.

Airbnb y Via se desmarcan

Airbnb que tildó estas nuevas medidas de "regulación arcaica" que protege las empresas tradicionales y no deja espacio a los particulares, no ha querido entrar en el juego de sus anfitriones y se ha desmarcado "absolutamente" de la campaña y de este "tipo de mensajes y métodos". Más concretamente, ha asegurado no tener "nada que ver" con los panfletos y ha apostado por el "diálogo institucional".

La Associació de Veïns i Amfitrions de Barcelona (Via) que representa a barceloneses que comparten su vivienda con los viajeros ha decidido también desvincularse de la iniciativa. Aseguran no compartir "ni el tono ni la forma" pero coinciden en qué algunas acciones del consistorio son "desmesuradas". Un motivo de lucha que pretenden recurrir mediante maneras "razonables, democráticas y respetuosas".