Finalmente son seis las empresas que compiten para prestar los servicios de la alta velocidad en España, según ha informado Adif en un comunicado. Aunque inicialmente la misma Adif hablaba de cuatro aspirantes, este lunes ha elevado la cifra a seis por un "retraso en la recepción informática de algunas solicitudes". Según la compañía, las dos ofertas extra se recibieron "dentro del plazo fijado", que expiraba a las 23:59:59 horas del 31 de octubre. Adif defiende que "el número de peticiones ratifica el interés que genera el uso de la red de alta velocidad española" y lo describe como un "hito de gran relevancia en el procés de apertura del mercado en el ámbito europeo".

En un comunicado, Adif explica que "el volumen de datos de los ficheros" de las ofertas causó un retraso en el momento de la presentación al registro electrónico de la administración general del estado y su recepción en el sistema de interconexión de registros, que es el registro electrónico de Adif AVDA de las dos ofertas que se han confirmado este lunes.

Ahora se abre el periodo de análisis de las solicitudes. Tres equipos técnicos de Adif evalúan las ofertas a nivel administrativo, financiero y técnico. A la hora de valorarlas, se mirarán estas tres elementos y también la "contabilidad" entre las solicitudes. El mes de diciembre, el Consejo de Administración de Adif AV publicará la resolución con los candidatos adjudicatarios para establecer los acuerdos de capacidad marco. La resolución, sin embargo, dependerá también de la aprobación de los acuerdos marco por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). El reparto entre los adjudicatarios se hará según tres paquetes de diferentes capacidades operativas.

Renfe hace meses que se prepara para este escenario, y tiene muchas probabilidades de conseguir el paquete mayor, tanto por los recursos operativos de los cuales dispone como por la experiencia en la gestión. El abril pasado, por ejemplo, la compañía anunciaba que preveía empezar a operar un AVE 'low cost' durante la Semana Santa del 2020, meses antes de la liberalización del sector de la alta velocidad en el Estado. El objetivo del Gobierno –en un proyecto iniciado en etapa de Mariano Rajoy- es reducir entre un 20% y un 25% los precios del AVE convencional.