La Comisión del Pacto de Toledo ha cerrado hoy un acuerdo mayoritario para que las pensiones vuelvan a revalorizarse conforme al IPC "real" y sin supeditar esta subida a ningún otro parámetro, siguiendo así la recomendación aprobada en 2011, han confirmado fuentes parlamentarias.

Los portavoces parlamentarios de la comisión han cerrado hoy por fin un acuerdo en torno a la recomendación segunda para que la actualización de la pensión vuelva a vincularse a la inflación como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones.

El acuerdo lo han cerrado PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, PNV y Compromís. Esto es, todos los grupos representados, a excepción de Esquerra Republicana.

Dos años de negociaciones

Tras casi dos años de negociaciones, los partidos políticos han consensuado que la recomendación recuerde, tal como contempla la de 2011, que la revalorización debe ser diferenciada de cualquier otra acción de mejora encaminada no a conservar, sino -cuando lo permita la situación económica y con la oportuna cobertura legal-, a aumentar dicho poder adquisitivo.

La comisión afirma que la sostenibilidad del sistema exige que sólo se financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y que toda subida por encima del IPC sea sufragada con cargo a otros recursos financieros.

Poder adquisitivo

Señala que el Pacto de Toledo, como ha venido haciendo en el pasado, defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio social y financiero del sistema de pensiones en el futuro.

Esta recomendación formará parte del conjunto de medidas que el Pacto de Toledo redactará para garantizar la sostenibilidad y suficiencia del Sistema de la Seguridad Social y que deberán ser debatidas y votadas posteriormente en el Pleno del Congreso. Una vez que sean aprobadas por la Cámara Baja, el gobierno es quien tiene que legislar siguiendo previsiblemente las directrices del Pacto de Toledo, que no son vinculantes

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