Dos personas denuncian a la policía por lesiones al querer parar la agresión al menor con la estelada en Elche

Dos personas han denunciado en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Elche haber sido víctimas de la agresión de la policía española en relación con la retirada de esteladas en los accesos del estadio Martínez Valero de Elche la noche del 23 de agosto antes del partido entre el Elche CF y el FC Barcelona. La entidad Acció Cassandra ha informado este viernes que ha presentado estas nuevas denuncias para que se les considere acusación particular y que se informe a la Fiscalía de Alicante. La actuación policial en Elche fue muy polémica a raíz de una agresión a un chico, menor de edad, al cual le quitaron la estelada que llevaba y le pegaron. El joven se revolvió por los golpes policiales. Al final fue detenido en el suelo, y una vez esposado y conducido, un agente le dio un puñetazo, según los vídeos que se difundieron en las redes sociales.

 Al día siguiente, el menor, con los golpes en la cara, quedó en libertad. Ante esta situación, el FC Barcelona anunció que asumía la defensa jurídica del socio menor de edad, al haber sido denunciado por un delito de atentado contra la autoridad. El club ha contratado al penalista Marc Molins para llevar la defensa del menor. El Ministerio del Interior anunció una investigación de la cual todavía no se ha sabido su resultado.

Reclamo de explicaciones

En este sentido, Acció Cassandra, con los abogados Lluís Gibert y Josep Rosell i Fossas, fue la primera en denunciar en los juzgados la acción de la policía española contra el menor agredido y detenido por la policía, y todavía no tienen respuesta judicial. En un comunicado, la entidad detalla que las nuevas denuncias describen que "en el contexto de la requisa de esteladas y otros símbolos identitarios catalanes a aficionados blaugrana, agentes de la Policía Nacional habrían ejercido una fuerza desproporcionada contra diversas personas presentes". Añade que "ambos denunciantes habrían resultado lesionados en el mismo operativo, mientras intentaban dialogar con los agentes o reclamar explicaciones ante la agresión del joven aficionado", identificado como Alguer en los medios de comunicación.

También ha aportado informes médicos de estas lesiones. Se indica dolor y hematoma en los dedos de la mano, edemas y eritemas en las extremidades, hematoma en el muslo y limitación funcional en general de los dedos por inflamación. Se informa de que los atestados médicos identifican como origen de las lesiones una agresión presuntamente cometida por varios agentes de la Policía Nacional en la puerta del estadio. Ambos sostienen que no mantuvieron ninguna actitud violenta, sino que intentaron mediar y dialogar cuando los agentes golpeaban al menor que aparece en los vídeos difundidos y viralizados.

 Discriminación por nación

Las dos denuncias exponen que los hechos encajan en un delito de lesiones, con las agravantes de abuso de superioridad y de prevalencia del carácter público de los autores. Se añade que los hechos también deben examinarse como posibles delitos contra la integridad moral, este último aplicable cuando una autoridad o funcionario público, abusando de su cargo, atenta contra la integridad moral de una persona. Igualmente, se solicita investigar la posible vulneración de derechos fundamentales y la aplicación de la agravante de discriminación por razón de nación, dado que el operativo se habría iniciado a raíz de la exhibición de esteladas y otros símbolos de identificación nacional catalana.

Además, Acció Cassandra pide al juez que se recojan las imágenes de las cámaras de videovigilancia, la identificación de los agentes intervinientes mediante su TIP, la incorporación de los vídeos difundidos y la declaración de los afectados y de los testigos. La entidad catalana insiste en que la investigación debe determinar quién actuó, con qué órdenes y si el uso de la fuerza respetó los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.

Finalmente, se recuerda que las acciones particulares de los dos denunciantes "refuerzan la necesidad de una investigación completa e individualizada de los hechos, así como la depuración de todas las responsabilidades penales, disciplinarias y, en su caso, patrimoniales que correspondan".