La universidad gratuita no sólo es posible, sino que es imprescindible avanzar hacia ella. Eso no lo defienden cuatro militantes antiglobalización. Lo reclaman altas personalidades del mundo académico, y también miembros de varias entidades cívicas y movimientos sociales, encabezados por Josep Ferrer, ex rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Joandomènec Ros, presidente del Institut d'Estudios Catalans. Además, piden cambios en el sistema de reconocimiento a los docentes, la eliminación de la precariedad de los profesionales universitarios, atender a la dimensión social de la universidad, reforzar la transferencia de conocimientos, incrementar el apoyo a la investigación... Se trata de un conjunto de propuestas que se han debatido durante los últimos cuatro años en la I Convención Ciudadana sobre la Universidad Catalana, en la que ha habido participación de miembros de todos los partidos políticos, de entidades profesionales, de sindicatos, de sindicatos de estudiantes... Sintomáticamente, en la presentación de esta propuesta también ha participado el director general de Universidades, Josep Pallarès. Este ha asegurado que comparte el diagnóstico de la Convenció y que el Gobierno catalán está dispuesto a escuchar las sugerencias de la Convenció en la elaboración de nuevas políticas. A pesar de todo, ha querido reivindicar la tarea hecha y ha afirmado que el sistema universitario catalaán disfruta de buena salud. Ha afirmado que ahora es la hora de afrontar nuevos retos y de diseñar una política universitaria pensada en el largo plazo, que sea válida para los próximos 20 años.

La publicación

Las críticas de la Convención al sistema universitario están agrupadas al volumen I Convenció Ciutadana sobre la Universitat Catalana. Cap al IV Congrés Universitari Català (ediciones de la Universitat de Barcelona); un libro en lo que se puede comprar o adquirir gratuitamente en ebook a través de la página de la UB). Un manual en el que no sólo aparecen críticas, sino también sugestiones de cómo gestionar los cambios. En realidad, es un intento de ofrecer herramientas al Gobierno catalán con el fin de gestionar una imprescindible renovación del mundo académico catalán. Todas estas propuestas tienen que ser discutidas en los próximos meses en un gran Congreso Universitario, abierto a la participación de todos los implicados en el sector. Una propuesta que cuenta con el apoyo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Catalanas. Este congreso será el cuarto de este tipo celebrado en Catalunya tras el franquismo: el primero estuvo dedicado a la catalanidad, el segundo a la autonomía universitaria y el tercero a la normalización de la vida académica.

Críticas

Joandomènec Ros lo dice bien claro. "No nos gusta la universidad catalana, aunque figure en los mejores puestos en los rankings mundiales".. Joan Ferrer matiza: "no estamos lo suficientemente bien", "hay mucho campo para recorrer", "hay nuevos retos para superar"... Ferrer considera que el primer reto es el apertura de la universidad a la sociedad, y por eso esta iniciativa no está planteada sólo desde la universidad, sino desde su entorno, con participación de actores muy diversos... En primer lugar, la Convenció reclama que se vuelva a considerar la universidad como un bien público, para que sea accesible a todo el mundo, pero también para que responda a los intereses del conjunto de la sociedad y no sólo de los actores privados implicados en el mundo académico.

Contra la ley de la oferta y la demanda

Los organizadores del Congreso consideran que aunque tiene que haber una colaboración del mundo académico con el sector privado y con el sector público, la universidad no puede estar limitada por sus relaciones con las empresas, porque tiene una característica básica de bien social. Una universidad potente, según la Convenció, no sólo puede centrarse en los sectores más fácilmente comercializables. Josep Ferrer asegura que es posible hacer una universidad diferente al servicio de la sociedad, con investigación básica, con atención en sectores sociales poco lucrativos... Las conclusiones de la Convenció también piden universidades menos competitivas, un mayor compromiso en la socialización del conocimiento, un compromiso con la catalanidad, dedicación a la formación permanente, más atención a los estudiantes, más margen a los profesores para ejercer la investigación, menos precariedad...

Gratuidad

El problema de las tasas es uno de los que más preocupan a los redactores del libro, ya que numerosos expertos han advertido que hay sectores de la población catalana que van quedando excluidos de los estudios superiores. Advierten de que la única posibilidad de hacer una universidad democrática es avanzando hacia la gratuidad. Josep Ferrer ha asegurado que en estos momentos las tasas tienen un efecto disuasorio sobre la gente de las clases más desfavorecidas, y por lo tanto hoy en día la universidad no está al alcance de todo el mundo. Ferrer cree que se tiene que avanzar hacia las matrículas gratuitas y un sistema de becas de apoyo a los estudiantes, porque afirma que con otros sistemas, como los créditos a los estudiantes, se acaban creando disfunciones. La Convenció no pone plazos, pero cree que se tiene que avanzar hacia este modelo. Es indudablemente, el punto en que la Convenció se muestra más distante del Gobierno catalán, que no contempla los estudios superiores gratuitos como una opción. La Convenció no se cierra a una colaboración de las universidades públicas con el sector privado, sino que por lo contrario apuesta para reforzar la implicación de empresas a las universidades, pero asegura que hace falta que las universidades tengan bastante autonomía como para no depender de los financiadores privados.

¿Una universidad que se hunde?

La semana pasada, los rectores de la UB, la UAB y la UPC afirmaban que las grandes universidades catalanas se estaban hundiendo. A preguntas de los periodistas sobre estas declaraciones, los dirigentes de la Convenció han asegurado que tras una mejora de la enseñanza superior catalana durante décadas, en los últimos años, a causa de la crisis, ha habido un retroceso gravísimo, que afecta sobre todo a la precarización de los profesores, al acceso de los estudiantes en la universidad y a las subvenciones a actividades de investigación... Consideran urgente revertir estas medidas, porque de no hacerse así, se perderían muchas oportunidades, por ejemplo en lo que se refiere al relevo generacional. Apuntan que se podría comprometer toda una generación muy bien preparada de docentes e investigadores: se malbarataría mucho talento y se comprometería el futuro de las instituciones. Josep Pallarès ha reconocido que el problema número 1 de todas las universidades catalanas (y no sólo de las tres denunciantes) es la financiación, muy afectada por la crisis económica. Ha afirmado que este es primer reto que se tiene que enfrentar y cree que será el punto de partida de todas las acciones en el sector, y por eso ha asegurado que hace falta que el Parlament refuerce los presupuestos universitarios.