Plataforma per la Llengua, la ONG en defensa del catalán, advierte que la llegada a la Administración catalana de personal dependiente del Ministerio de la Presidencia español con el fin de aplicar el artículo 155 puede perjudicar el catalán. El presidente de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, considera que si se exigiera a los trabajadores de la Generalitat que hablaran o hicieran informes en castellano, "esta situación sería intolerable y una negligencia y una vulneración claras de los derechos de los trabajadores públicos" y ha advertido que "¡La lengua no se toca!".

Derechos lingüísticos

La Plataforma advierte que el 155 obliga a los trabajadores del Estado a respetar el Estatuto de Autonomía, que establece ciertas pautas para proteger el catalán. El artículo 6 consigna que "el catalán es la lengua de uso normal de las administraciones públicas", de manera que los trabajadores no sólo tienen que estar autorizados a poder preparar la documentación en catalán, sino que además está previsto que lo utilicen habitualmente con normalidad. A continuación, el Estatut especifica que "la Administración del Estado situada en Catalunya tiene que acreditar que el personal a su servicio tiene un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales, que lo hace apto para cumplir las funciones propias de su puesto de trabajo" (art. 33), hecho que también recoge la legislación estatal, en el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, que indica que "las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, tienen que prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo a las comunidades autónomas que tengan dos lenguas oficiales" (arte 56.2), de manera que, incluso con las competencias que el gobierno español se ha otorgado aplicando el artículo 155, el Estado tendría que prever que el personal asignado pudiera trabajar también en catalán sin alterar el funcionamiento lingüístico de las instituciones catalanas. La Plataforma destaca que también la ley de política lingüística ampara a los altos cargos y trabajadores públicos porque recuerda que el catalán es "la lengua de todas las instituciones de Catalunya, y en especial de la Administración de la Generalitat" y también se convierte en "la lengua preferentemente utilizada por la Administración del Estado en Catalunya". La Plataforma apunta que eso se encuentra desarrollado en el decreto 107/1987, por el cual se regula el uso de las lenguas oficiales por parte de la administración de la Generalitat de Catalunya. El artículo 3.1. de este decreto es inequívoco: "las actuaciones internas de carácter administrativo se harán en catalán".

Servicio de asesoramiento y defensa

La Plataforma per la Llengua ha preparado un formulario para que los afectados por discriminación lingüística denuncien su situación y se comprometido a ofrecerles un servicio de asesoramiento a fin de que defiendan sus derechos.

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