En 1609 el rey Felipe III promulgó la orden de expulsión de la población morisca establecida en los estados peninsulares de la monarquía hispánica. Aquella medida afectó, en conjunto, a unas 300.000 personas, unas 4.000 en Catalunya, y fue la peor crisis humanitaria de la Europa del siglo XVII. Aquellos moriscos catalanes eran un elemento más del paisaje social y económico del país. Su expulsión representó la ruina —y a veces, la muerte— de aquellas familias y, de rebote, el hundimiento de la economía en los pueblos en los que eran una parte importante de la población.