El Gremi de Llibreters ha presentado este martes una campaña para combatir y denunciar hasta una veintena de prácticas que “ponen en peligro” las librerías. Con el nombre “Combate la distopía, elige la librería”, los más de 300 establecimientos adheridos buscan denunciar las compras públicas de las bibliotecas y de las administraciones que las dejan fuera; la aplicación de descuentos ilegales, que acaban desviando la compra de libros fuera de los establecimientos especializados; y la venta directa que se las salta completamente, entre otras. “¿Os imagináis un país sin librerías? Creemos que estamos a tiempo para evitar este futuro y combatir este escenario distópico”, ha asegurado Eric del Arco, presidente del Gremi de Llibreters. En la rueda de prensa presentando la campaña, Del Arco ha asegurado que “hay prácticas que incumplen la ley”, como las editoriales que venden directamente a centros educativos y a las AFA o algunas librerías que aplican descuentos superiores a los establecidos por la Ley del Libro. Pero ha añadido que hay otras que, “a pesar de ser legales, ponen en peligro la diversidad de la red librera que la ley quiere proteger y que es un beneficio social para todos”.
Desde el Gremi de Llibreters quieren “trabajar conjuntamente” con el resto de agentes de la cadena del libro, como son autores, distribuidoras, público lector, administraciones o equipamientos como bibliotecas y centros educativos. “Creemos que estamos a tiempo de evitar este futuro sin librerías. Queremos combatir este escenario distópico y trabajar conjuntamente con el sector porque hacemos una apuesta de país para defender las librerías y el modelo cultural que representamos”, ha insistido el presidente del Gremi, que ha remarcado que se debe cumplir la Ley del Libro. Recuerdan que en los últimos años han ido identificando y alertando sobre las “consecuencias” de estas prácticas, pero que ahora han decidido “dar un paso más” con esta campaña a medio y largo plazo. El objetivo es ir manteniendo encuentros con las diferentes partes de la cadena del libro hasta el otoño, y a partir de ahí hablar, debatir y tratar de introducir sus peticiones en el plan nacional del libro y la lectura.
Tres ejes de denuncia
La primera cuestión sobre la cual quieren alzar la voz son las contrataciones de compras de libros por parte del sector público, que favorecen la participación de las empresas, haciendo que fondos de inversión, por ejemplo, opten y ganen estos concursos en detrimento de los libreros. Del Arco, sin embargo, es optimista con el margen de mejora en esta cuestión después de que, en su última licitación, la Generalitat haya optado por dividirla en 22 lotes en lugar de tres, favoreciendo la concurrencia de las librerías. “Que lo aplique la Generalitat nos sirve para ir al resto de administraciones, que nos decían que no se podía hacer. Hay un camino. Y tenemos que tener conciencia de que existe la Ley del Libro”, ha afirmado. También quieren que se apliquen criterios de función cultural, profesionalidad, experta y especialización que tengan en cuenta el sector de las librerías y que es lo que necesitan las bibliotecas, aseguran.
El segundo eje lo conforman los descuentos ilegales que “desvían la compra de libros fuera de las librerías”. En este sentido, destacan que se produce “de forma sistemática” en la venta a los centros educativos por parte de las editoriales, que “comercializan libros de texto que quedan fuera de la regulación del precio fijo”. Por eso reclaman que se aplique en estos casos también la ley del libro, que limita los descuentos al 10%, para “proteger una competencia justa dentro del sector”. El tercer gran eje es la venta directa, saltando la intermediación de las librerías, también por parte de editoriales. Según los libreros, esto “genera un beneficio inmediato individual, pero debilita el sector”. Y recuerda que “sin librerías, otros eslabones de la cadena ven reducida su función dentro del ecosistema del libro y pierden su principal escaparate”.
