Calahorra de Ribas (provincia de Toro, antigua Corona castellanoleonesa), 16 de julio de 1753. Hace 273 años. El ingeniero real Pedro López de Lerena ordenaba el inicio de las obras del canal de Castilla, una gigantesca infraestructura impulsada por el rey Fernando VI (el tercer Borbón en el trono de Madrid) y por Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada y ministro de Hacienda del régimen borbónico. El canal de Castilla había sido pensado para una doble función: una red de irrigación para el aparato agrario del valle del Pisuerga y una vía de navegación para facilitar la colocación del cereal castellano en los mercados. Pero, ¿era la única inversión hidrográfica que reclamaba la sociedad española de la época? ¿Qué pasó con los otros proyectos, como el canal de Urgell, que se habían paseado por las mesas de los consejos de ministros junto a los bocetos del canal de Castilla?
¿Qué era el canal de Castilla y qué interés despertaba en el régimen borbónico?
La investigación historiográfica afirma que el canal de Castilla sería la obra civil más importante de la España del XVIII. Sus 270 kilómetros de longitud, las docenas de esclusas y puentes que se construirían a lo largo de su trazado y el centenar de fábricas de harina que se crearían en su ribera cambiarían la fisonomía económica y social del territorio por donde discurriría aquella infraestructura. Durante su época de plenitud —mediados del siglo XIX—, el tránsito naval se situaría en torno a los 300 barcos diarios, que estibaban la harina para ser distribuida a los grandes núcleos urbanos. Pero, al margen del estímulo económico que representaría para la región, ¿por qué el régimen borbónico consumió todo el presupuesto en esta infraestructura y no destinó ni un céntimo al canal de Urgell? ¿Qué interés político despertaba el proyecto canal de Castilla?
¿Qué interés despertaba el canal de Castilla en el régimen borbónico?
El canal de Castilla había sido proyectado y construido para asegurar la cosecha de cereales del, entonces, “granero de España” y para garantizar el suministro de harina —y, por tanto, de pan— en Madrid. La villa y corte era llamada la ciudad de la muerte, porque presentaba la tasa de mortalidad infantil más alta de todas las capitales estatales europeas. Pero, incluso así, durante el siglo XVIII había duplicado la población (de 100.000 a 200.000 habitantes). En este punto es importante destacar que la inmensa mayoría de esta población se ganaba la vida dando un servicio a la corte. Y esto explicaría el interés del régimen borbónico por el canal de Castilla, porque, realmente, lo que preocupaba a este poder eran las crisis cíclicas de alimentos que afectaban a la capital y provocaban la desaparición de una parte importante de esta masa de población activa.
El creciente protagonismo de la periferia peninsular
El crecimiento demográfico que había experimentado Madrid no era un fenómeno exclusivo de la capital española. De hecho, era más bien un fenómeno aislado. Los mapas científicos revelan que, a finales del siglo XVIII, ya se había iniciado la tendencia a la concentración de la población en la periferia peninsular. Durante el siglo XVIII, algunas “provincias” del Reino borbónico español experimentarían crecimientos demográficos espectaculares, en buena parte impulsados por una natalidad extraordinaria. Catalunya pasaría de 450.000 a 900.000 habitantes. El País Valencià, de 250.000 a 950.000. Y las Illes Balears, de 150.000 a 180.000. En el Censo de Floridablanca (1787), los países de lengua catalana totalizaban 1.800.000 habitantes, y al inicio del siglo XIX ya superaban los 2.000.000. En ambos casos representaban el 20% del total de la población del Reino español.
Catalunya y el País Valencià, las “fábricas” de España
Por otra parte, el profesor Pierre Vilar, el gran investigador de esta etapa histórica, revela que, durante el reinado de Carlos III (1759-1788), Catalunya y el País Valencià ya son la “fábrica” de España (Barcelona, Reus, Mataró, València, Manises, Elx, Alcoi, etc.). Y sus puertos (Barcelona, Tarragona, Tortosa, València, Alacant) son los que registran más volumen de estiba (carga que se embarca) de los dominios borbónicos peninsulares. Y revela, también, que, desde la ocupación borbónica (a partir de 1707) hasta inicios del reinado de Carlos IV (década de 1790), el régimen borbónico español sometería a Catalunya, al País Valencià y a las Illes Balears a una asfixiante tributación de guerra como medida punitiva por su compromiso con la causa austracista durante la Guerra de Sucesión hispánica (1705-1715). “Por justo derecho de conquista”.
La vulnerabilidad de Catalunya
El mismo censo de Floridablanca (1787) censaba 164.972 habitantes para Madrid; 100.656 para València, cap i casal, y 92.835 para Barcelona. Eran el primer, segundo y tercer núcleo poblacional en la España del momento. Pero, mientras el erario público borbónico consumía todo el presupuesto en recursos hidrográficos para asegurar el suministro de harina a la capital (las continuas interrupciones de la obra por agotamiento del presupuesto lo explican), València y Barcelona continuaban sometidas a las condiciones meteorológicas que decidían entre una buena y una mala cosecha. Y el caso de Barcelona era especialmente dramático, porque la Taula de Canvi, el banco público creado por el Consell de Cent (1401) para financiar la compra de cereal, había sido confiscado por el Estado borbónico después de la ocupación del país (1716) y convertido en un zombi.
Los rebomboris del pan
El 28 de febrero de 1789 (dos años después de la confección del censo de Floridablanca), estalló una formidable crisis alimentaria en Barcelona. La suma de unas condiciones meteorológicas adversas, de la ausencia de un aparato de irrigación, del acaparamiento y especulación de cereal en manos de unos cuantos y de la privatización del Pastim Municipal (el horno municipal que tenía el monopolio de la cocción del pan, tradicionalmente gestionado por el gremio de panaderos, cedido por el Ajuntament a la empresa Torres y Compañía, bien relacionada con el poder) se traduciría en un incremento —en tan solo seis meses— del 50% del precio de este alimento básico. Este brutal incremento de precios —que no iba acompañado de una subida de los salarios— provocaría una revuelta generalizada —inicialmente liderada por las mujeres— que se llamaría Rebomboris del Pa.
El canal de Urgell
Rafael d’Amat, barón de Maldà y autor de Calaix de sastre, dejaría escrito que “s’alborotà de mala manera lo poble baix, passant a cremar totes les barraques del pa (tiendas de despacho de pan) i lo pastim (el horno monopolista)”. Pero ni siquiera con esta formidable explosión de indignación el régimen borbónico español sería capaz de reaccionar. O sencillamente se negaría a reaccionar. Pasaría aún medio siglo largo, tiempo durante el cual Barcelona continuaría ganando población y continuaría dependiendo de la alineación de los astros para el suministro de alimentos básicos. Hasta que en 1847 un grupo de empresarios catalanes recuperaban el proyecto canal de Urgell —desde hacía un siglo, muerto de asco en un cajón de Madrid— e iniciaban las obras.
La iniciativa catalana
En aquel momento (1847), Barcelona censaba 183.000 habitantes, pero con los pueblos de la llanura superaba los 250.000 y ya era la primera área demográfica de la península Ibérica. En aquel contexto, Manuel Girona, fundador y propietario del Banc de Barcelona —el primer banco comercial de la península Ibérica—, tomaba el relevo de la vieja y parasitada Taula de Canvi y pasaba a liderar el proyecto. Si el canal de Castilla había sido la obra civil más importante de la España del XVIII, el canal de Urgell lo sería de la Catalunya del XIX. Si el régimen borbónico había construido el canal de Castilla para asegurar el suministro alimentario a la masa laboral de la corte, la iniciativa privada catalana construiría el de Urgell para proyectar el país hacia el futuro. Como en tantas otras iniciativas, como el puerto de Barcelona (1696) o como el primer tren (1848), por citar tan solo dos ejemplos.
