El juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial de Valladolid contra 23 acusados de fraude por la supuesta reventa de ataúdes por parte de una funeraria, incluirá la comparecencia de 239 testigos y 17 peritos propuestos por las diferentes partes personadas. La vista oral se abrirá el próximo 2 de marzo, fecha en que están convocadas las partes para el planteamiento de las cuestiones previas y evaluar posibles acuerdos de conformidad. Según las previsiones, el juicio se desarrollará en diferentes sesiones hasta el 9 de junio, con la previsión de que los encausados comiencen a declarar a partir del 20 de mayo, después de que lo hayan hecho los testigos y los peritos. Todo a punto, por lo tanto, para el pistoletazo de salida al macrojuicio por la presunta estafa con los ataúdes en la funeraria El Salvador de la capital castellana.
En total, la fiscalía pide penas que superan los 200 años de prisión a los acusados por el presunto fraude, que consistía en el cambio de ataúdes comprados por los familiares por otros más baratos a la hora de la cremación, y la posterior reventa de los ataúdes más caros entre los años 1995 y 2015, con cerca de 6.000 féretros afectados, según indican fuentes del caso. Fuera de la lista de acusados han quedado, por su muerte, el empresario funerario Ignacio M.A y el principal testigo de los hechos y extrabajador de la funeraria, Justo M. Las penas más altas, de 20 años de prisión para cada uno, son para la mujer del empresario muerto y sus tres hijos. El Ministerio Público solicita cinco años de prisión por organización criminal, siete años y medio por apropiación indebida en concurso de delito continuado de estafa, y seis años por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. Además, se piden seis meses de prisión por un delito continuado contra el respeto a los difuntos y el pago de multas que ascenderían hasta los 12 millones de euros.