El Tribunal Supremo se reunirá el próximo 30 de octubre para decidir sobre el futuro de la empresa mixta Aigües de Barcelona, de capital público y privado, creada en el 2012 por Agbar y el Área Metropolitana de Barcelona y que gestiona el suministro del agua a los 3 millones de residentes en 23 municipios metropolitanos.

El Alto Tribunal verá el recurso presentado contra la decisión del Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC), que el 16 de marzo del 2016 anuló los acuerdos de creación de la empresa adoptados por el Consell Metropolità del AMB el 6 de noviembre del 2012, y que fueron impugnados por ACCIONA, Aguas de Valencia i Aqualia.

La finalidad de la creación de la empresa mixta fue cerrar el ciclo integral del agua y minimizar los riesgos de abastecimiento de la capital catalana y su área metropolitana en un contexto de déficit hídrico permanente. La empresa está participada en un 70% por Aigües de Barcelona, un 15% por AMB y el 15% restante por Criteria.

La actuación de la compañía ACCIONA en el sector del agua ha sido de escaso recorrido y mucho ruido a raíz del escándalo ATLL (Aigües Ter Llobregat), en que tuvieron que renunciar al contrato a raíz de las resoluciones judiciales. Los recursos pretendían cuestionar la viabilidad de los acuerdos entre Agbar y AMB.

Mientras tanto, en los últimos 4 años ha sorprendido la estrecha relación que ha mantenido con Acciona el entorno de los actuales responsables del AMB, la alcaldesa Ada Colau, Eloi Badia y Salvador Milà.

 

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