Diez días después de que un enorme socavón provocado durante las obras de la L9 del metro obligara a desalojar a cerca de 300 vecinos del barrio del Putxet y Sant Gervasi, llega la primera buena noticia para una parte de los afectados. Los residentes de dos de los ocho edificios evacuados podrán volver a casa este lunes. Para el resto de los afectados, sin embargo, la incertidumbre continúa y algunos todavía podrían tener que esperar semanas antes de recuperar la normalidad y poder volver a sus pisos. Las viviendas que se reabrirán son las situadas en los números 56 y 58 de la calle de Sant Gervasi de Cassoles, donde se permitirá el retorno a los once pisos y cuatro locales comerciales. "Será un retorno parcial", ha reconocido la delegada del gobierno español en Barcelona, Pilar Díaz, en una comparecencia conjunta con el director general de Infraestructuras de Movilidad de la Generalitat, Ramon Ramírez, y el teniente de alcaldía de Barcelona, Albert Batlle, para informar de la evolución de los trabajos tras el derrumbe del pasado 7 de julio, después de las inspecciones técnicas realizadas durante los últimos días.
Díaz ha dejado la puerta abierta a que durante la próxima semana se pueda autorizar el retorno de los vecinos de algún otro edificio, pero ha insistido en que todas las decisiones se tomarán con la máxima prudencia porque la seguridad de las personas "es la máxima prioridad" y el retorno se hará a medida que las comprobaciones técnicas lo permitan. "Queremos estar seguros, no al 100%, sino al 150%", ha remarcado. Según el director general de Infraestructuras de la Generalitat, Ramon Ramírez, las comprobaciones efectuadas indican que "el terreno está en condiciones correctas" y que "ningún edificio presenta problemas estructurales".
Seis edificios continúan cerrados
La situación es muy diferente para los vecinos del resto de fincas afectadas. En total, el desalojo afectó a 93 viviendas y varios locales comerciales distribuidos en ocho edificios de las calles Rubinstein, Teodora Lamadrid y Sant Gervasi de Cassoles, después de que el pasado 7 de julio se hundiera parcialmente el interior de una manzana de casas durante la excavación del túnel de la L9 del metro. El hundimiento abrió un socavón de unos ocho metros de diámetro y hasta cuatro metros de profundidad, que engulló parte del patio interior de la manzana y un almacén del restaurante italiano Verona. A pesar de la magnitud y la espectacularidad del incidente, no hubo ningún herido. Los edificios de las calles Rubinstein, Teodora Lamadrid y el número 58 de Sant Gervasi de Cassoles continúan desalojados mientras los técnicos siguen monitorizando el terreno y la evolución de las obras.
La seguridad marca el ritmo
Los técnicos continúan haciendo auscultaciones del terreno e inspecciones estructurales en los edificios afectados para comprobar que la estabilidad de la zona está garantizada. Según ha explicado Ramon Ramírez, las comprobaciones efectuadas hasta ahora indican que el terreno evoluciona favorablemente y que no se han detectado problemas estructurales en los edificios, pero las inspecciones continuarán antes de autorizar el retorno del resto de los vecinos. El próximo edificio que podría recuperar la normalidad es el número 54 de la calle de Sant Gervasi de Cassoles, adyacente a los dos inmuebles que reabrirán el lunes. Según ha explicado el director general de Infraestructuras de Movilidad, todos los indicadores apuntan a que el edificio evoluciona favorablemente, pero los técnicos necesitan una semana más de observación antes de autorizar el retorno de los vecinos.
La diferencia respecto a los edificios 56 y 58 es que los sensores que controlan los movimientos del terreno no se pudieron instalar antes del paso de la tuneladora, sino después de que se produjera el socavón. Aunque los datos recogidos hasta ahora son positivos, los responsables de la obra prefieren completar un periodo más largo de monitorización para confirmar que la estabilidad se mantiene. Si no hay cambios, los residentes podrían volver la semana que viene.
Ramírez ha explicado que las inspecciones han permitido dividir la zona afectada en dos sectores. El primero, el que da a la calle de Sant Gervasi de Cassoles, es el que presenta una evolución más favorable. Los estudios indican que el terreno se encuentra en condiciones adecuadas y que no ha sufrido afecciones derivadas de la cavidad, motivo por el cual es aquí donde se iniciará el retorno de los primeros vecinos.
Sin fecha de retorno en la zona de Teodora Lamadrid
La situación es diferente en la zona de la calle de Teodora Lamadrid, más cercana al punto donde se produjo el socavón. En este sector continúan las tareas de consolidación del subsuelo mediante inyecciones de cemento con el objetivo de dejar el terreno en unas condiciones iguales o incluso mejores que las que tenía antes del incidente. El responsable de Infraestructuras ha admitido que todavía es imposible poner una fecha concreta al retorno de los vecinos de esta zona. Todo dependerá de la respuesta del terreno a los trabajos de consolidación. "Hablamos de semanas, en ningún caso de meses, pero hoy no puedo decir si serán dos, tres o más semanas", ha afirmado. La Generalitat ha anunciado que hará una actualización del estado de los trabajos cada viernes e informará de qué fincas podrán ir recuperando la actividad.
En cuanto a las viviendas, los técnicos ya han podido inspeccionar 88 de los 93 pisos afectados por el desalojo. Los cinco restantes todavía no se han podido revisar porque no se ha conseguido localizar a los propietarios o residentes o bien no se ha obtenido la autorización necesaria para acceder.
Preocupación por la aparición de nuevas grietas
Durante la rueda de prensa también se ha hecho referencia a la preocupación de algunos vecinos por la aparición de nuevas grietas en sus viviendas. El director general de Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, ha asegurado que las fincas se someten a controles diarios y que se monitoriza de manera permanente su estabilidad. Según ha explicado, las grietas detectadas hasta ahora son superficiales o corresponden a fisuras que ya existían antes del incidente y, en ningún caso, indican un deterioro de la estructura de los edificios ni comprometen su seguridad. Ramírez también ha hecho un llamamiento a los afectados para que comuniquen cualquier cambio que detecten en sus viviendas. Las incidencias se pueden notificar en el punto de atención habilitado para las personas desalojadas, desde donde se envía un equipo técnico para inspeccionar el inmueble y comprobar su estado.
Ayudas económicas para los comercios y los desalojados
Las administraciones preparan un paquete de ayudas para paliar las consecuencias del socavón. El Govern prevé aprobar el próximo martes las primeras medidas económicas, tanto para los comerciantes como para los vecinos que todavía no han podido volver a casa. En el caso de los negocios, se habilitará una línea extraordinaria de financiación a través del Institut Català de Finances (ICF) para que puedan afrontar gastos inmediatos, como los salarios o el pago de los alquileres. La delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz, ha avanzado que esta liquidez podría estar disponible antes de que acabe el mes de julio, mientras que más adelante se estudiarán otras compensaciones por los perjuicios ocasionados.
Para los vecinos, la Generalitat trabaja en la creación de un fondo destinado a cubrir los gastos derivados del desalojo y estudia habilitar un anticipo económico para las familias que continúen fuera de casa. Mientras tanto, los alojamientos en hoteles seguirán siendo asumidos por Infraestructures de la Generalitat.
El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, mantendrá desplegado el dispositivo de atención a los desalojados. Bomberos, Protecció Civil y la Guardia Urbana continuarán dando apoyo a los vecinos —incluida la custodia de las llaves de los edificios—, mientras que Barcelona Activa seguirá asesorando a los comercios de la zona. "Mientras esta situación no esté completamente resuelta, los servicios municipales continuarán a pie de calle", ha asegurado el tercer teniente de alcaldía, Albert Batlle.