El sector inmobiliario ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para la mejora urbanística y ambiental de los barrios del distrito de Gràcia, promovida por el Ayuntamiento de Barcelona, la aprobación definitiva de la cual fue publicada el pasado 4 de marzo en el Diario Oficial de la Generalitat. Firman el documento la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya.

Las entidades firmantes sostienen que el MPGM de Gràcia prevé que las actuaciones de edificación de viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado o de gran rehabilitación de edificaciones de más de 400 m² tendrán que destinar un mínimo del 30% del techo edificable a vivienda protegida, fijando un techo diferente con respecto a lo que en su momento se estableció para el resto de la ciudad (600 m²) sin justificar el motivo de esta diferencia. También remarcan que la reserva en suelo urbano consolidado constituye una carga nueva sobre la propiedad, ya que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo, lo cual se considera una limitación al derecho de propiedad, y, por lo tanto, tiene que comportar la correspondiente indemnización, tal como estableció recientemente el Tribunal Constitucional.

En un comunicado conjunto de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC) y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPIO) se considera que la principal motivación del recurso es el hecho "de que el estudio económico elaborado no aclara la viabilidad real de la nueva norma, ni tampoco establece la sostenibilidad por|para las finanzas públicas". Además, se destaca que también se incluye la rehabilitación, poniendo dificultades a una tarea que todas las administraciones competentes en materia de vivienda coinciden en estos momentos que se tiene que impulsar e incentivar, no sólo por|para la oportunidad de los Fondos Europeos, sino sobre todo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y contribuir a la lucha contra el cambio climático, hechos que con la exigencia de reserva de vivienda protegida, se está impidiendo o como mínimo dificultando.

"Ausencia de políticas públicas bien diseñadas"

Asimismo, las entidades firmantes consideran que las grandes tensiones que registra el acceso a la vivienda para una gran parte de las familias, tiene por origen "un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto de una demanda creciente, y de la ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de que disponen". Según datos del Plan Territorial Sectorial de vivienda, el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, de los cuales 20.000 en la ciudad de Barcelona. Es imprescindible movilizar estas reservas para incrementar la oferta de vivienda asequible.

Por eso, sostienen que se necesita capacidad de gestión, coordinación entre administraciones y recursos económicos para disponer de un mercado estable que facilite el acceso a la vivienda de las familias, y no el continuado cambio de la regulación que afecta al sector de la vivienda, ya que crea inseguridad jurídica, imposibilita la planificación y provoca el efecto contrario, es decir, una reducción de la oferta de viviendas, dificultando todavía más el acceso a la vivienda a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona.